Buenos Aires SOS

La jueza Elena Liberatori otorgó 10 días al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y a la empresa Metrovías para que tome muestras de vagones e instalaciones sospechosas de contener asbesto en el subterráneo y premetro porteño, de acuerdo al fallo conocido este martes.

De esta manera, la titular del Juzgado de Feria 2, hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro ( Agtsyp) que pidió «la desabestización completa y definitiva» de estos medios de transporte.

También dispuso «la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto».

En un fallo fundamentado en 12 páginas,

la jueza extendió la toma de muestras a «los sectores de instalaciones fijas también sospechados de contener elementos con asbesto», tales como la usina, escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías «elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al colectivo de usuarios y de cualquier habitante».

Además, solicitó a Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) que «en 10 días hábiles administrativos informen al Tribunal el listado de trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda».

En los fundamentos de la sentencia, la jueza recordó que la Resolución 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación prohíbe «el uso de fibra de asbesto, siendo ésta una sustancia cancerígena comprobada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer».

Y resaltó que la Organización Mundial de la Salud estableció que «la aparición de los efectos a la exposición al amianto es independiente de la dosis de la exposición, siendo imposible establecer niveles de exposición seguros”.

Para Agtsyp «la responsabilidad del gobierno de la CABA ha quedado puesta de manifiesto en las propias declaraciones del presidente de SBASE, según las cuales “… no vieron en su momento los manuales técnicos de las formaciones que la Ciudad compró a España, dada su voluminosidad y asumiendo que el metro de Madrid no vendería vagones con material cancerígeno, siendo que rige en la Unión Europea la prohibición de uso de amianto desde el año 1999”, texto que citó la magistrada en su fallo.

La jueza concluyó que “las argumentaciones o justificaciones del funcionario evidencian la escasa o ninguna sensibilidad en materia ambiente y por cierto un absoluto desconocimiento técnico de las consecuencias que a la vista están”.

La demanda por el “derecho a la salud” contra el gobierno porteño, Sbase y Metrovías, fue iniciada hace dos meses por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios general y adjunto, respectivamente, de la Agtsyp.