Buenos Aires SOS

A pesar de la insistencia de Mauricio Macri en la necesidad de reducir el gasto público, el Gobierno destinará este año $255 millones para la segunda etapa de modernización de la Casa Rosada, para la que contrató, entre otros, a un empresario que aportó fondos para la campaña presidencial de Cambiemos en 2015.

Se trata de Ricardo López Casanegra, vicepresidente de Conorvial, una de las mayores contratistas de obra pública en la ciudad de Buenos Aires. La firma será la encargada de acondicionar el subsuelo, que incluye la refaccion de sanitarios, escaleras y ascensores, y la construcción de una galería en el tercer piso.

La obra ya fue pre-adjudicada a Conorvial, elegida tras una licitacion pública por ser la oferta más baja, que igualmente fue un 13% más alta que el presupuesto que consta en el pliego, según señaló el diario La Nación.

En 2015, Casanegra, directivo y también accionista de Conorvial, fue uno de los aportantes para la campaña presidencial de Macri. El monto entregado al PRO por parte del empresario fue de $200 mil.

La Justicia electoral nunca aprobó ese balance partidario por diversas irregularidades, entre otras, por el financiamiento indirecto de empresas, algo prohibido por ley, a través de personas físicas que tienen un rango alto en las empresas.

Además de encargarse de la remodelación de la Casa Rosada, Conorvial se adjudicó la construcción de las viviendas del plan Procrear y del barrio Papa Francisco. También logró quedarse con el levantamiento de la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, una de los grandes proyectos de obra pública en la Ciudad.

Al comienzo de su gestión, Macri presentó el plan para modernizar la Casa de Gobierno por un total de $285 millones. Sin embargo, con esta última licitación, los gastos superan los $300 millones y aún resta la tercera etapa de la remodelación.

De acuerdo al mismo diario, el monto que se gastará este año en la sede de gobierno equivale a una cuarta parte del ahorro en el gasto público que busca Cambiemos con la reducción del 20% de los cargos políticos y jerárquicos de la administración pública.