Buenos Aires SOS

La Justicia porteña frenó el tratamiento legislativo del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA, que busca habilitar la construcción de un mega-emprendimiento inmobiliario en Costanera Sur, en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.

La cautelar fue dictada por el juez de primera instancia Guillermo Scheibler, quien enumeró una larga lista de incumplimientos legales, en especial, la ausencia de un estudio de impacto ambiental, la afectación de humedales y de la Reserva Ecológica por contaminación acústica.

A pesar del traspié judicial, el oficialismo porteño decidió avanzar igual con el debate legislativo en las comisiones de Planeamiento y Presupuesto, el paso previo a la votación en el recinto. El argumento para saltear el fallo es que aún no llegó a sede legislativa la cédula notificando la decisión del juez.

El fallo fue celebrado por organizaciones ambientalistas que patrocinaron el amparo (Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP de Unidad Popular, y la Defensoría de Laburantes). Todos se oponen al proyecto llamado Costa Urbana (ex Solares de Santa María), donde la empresa de la familia Elsztain pretende construir casi un millón de m2 en 23 hectáreas, con 17 torres de hasta 145 metros. Con esta decisión, de no ser revocada la cautelar por otro magistrado porteño, el proyecto no podrá ser debatido para su votación.

Las razones de la Justicia

El juez Sheibler consideró que el gobierno no cumplió con la normativa que rige la celebración de convenios urbanísticos y que, entre otras cuestiones, no incluyó una evaluación de impacto ambiental, un “Estudio Diagnóstico” y una “Evaluación de Impacto final”.

Además, el magistrado advirtió que para avanzar con este cambio de zonificación propuesto sobre la costa porteña, es necesario realizar una Audiencia Pública, donde puedan expresarse las diversas opiniones. Por otra parte, señaló que de concretarse el emprendimiento inmobiliario con las condiciones propuestas por IRSA, se estaría incumpliendo el mandato constitucional de incrementar y maximizar el acceso al río.

Al mismo tiempo, Scheibler alertó que las torres se construirían sobre un humedal, cuya protección está garantizada por un fallo reciente de la Corte Suprema que frenó la construcción de un barrio náutico en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos (https://www.cij.gov.ar/nota-35126-Protecci-n-de-los-humedales-en-un-fallo-de-la-Corte.html).

Por último, el juez señaló que también la Reserva Ecológica se vería afectada a través de la “contaminación acústica” ya que ese espacio constituye un “área de sensibilidad acústica exterior” de  Tipo I, esto es “área de silencio zona de alta sensibilidad acústica”.

Según puede leerse en el fallo (file:///C:/Users/usuario/Downloads/cedula.pdf), de prosperar la intención del gobierno de cambiar la zonificación del predio en disputa, esto le permitiría a la compañía construir casi 900 mil m2 en el contorno ribereño, con una “densidad y capacidad constructiva muy superior a Puerto Madero”. “De acuerdo a lo que surge del convenio urbanístico, este cambio de normativa generaría un incremento de valor del suelo de aproximadamente US$ 737.400.675”. IRSA compró las tierras por 50 millones de dólares, en 1997.

“No podemos permitir que la planificación de la Ciudad esté sometida a la voluntad de los sectores inmobiliarios concentrados que destruyen nuestro patrimonio cultural y natural, y el ambiente urbano”, dijo el abogado Jonatan Baldiviezo, especializado en derecho urbano, ambiental y en DDHH, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “Tampoco que se consolide el mayor despojo de tierras públicas de la ciudad que perdió 71 hectáreas de tierras públicas costeras sin nada a cambio”, agregó en relación a la contraprestación ofrecida por IRSA: la creación de un parque de acceso público de 40 hectáreas, del cual la empresa se haría cargo de su mantenimiento durante 10 años.

Por su parte, la ingeniera especializada en Cambio Climático, María Eva Koutsovitis, señaló que el fallo permitió frenar el “tratamiento exprés” del proyecto, un mecanismo que buscaba evitar los “proceso de evaluación y participación” dispuestos por la Constitución porteña, algo que el juez Scheibler remarcó en su fallo.

Para Koutsovitis, el objetivo del Ejecutivo era “garantizar ganancias extraordinarias de millones de dólares a una desarrolladora privada”. “Esto evidencia la necesidad colectiva de discutir y avanzar hacia un nuevo paradigma urbano diametralmente opuesto al que se ha implementado en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas”, añadió.