LA JUSTICIA FRENÓ LAS OBRAS EN PARQUE LAS HERAS

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Buenos Aires Sos.- 8 de septiembre de 2010.-  El juez porteño, Roberto Gallardo, ordenó que el Gobierno de la Ciudad y la empresa Vialco SA retiren el cercado sobre Parque Las Heras, donde estaba pensado construir un estacionamiento subterráneo.

La semana pasada se realizó la audiencia pública convocada por el juez Gallardo en el marco de la causa que generó la suspensión de las obras de construcción de la playa de estacionamiento subterránea debajo de dicho parque. Estuvieron presentes  vecinos del Parque, abogados de la empresa y su arqueóloga Celina María Madero (encargada de responder las preguntas), la legisladora María José Lubertino quien actuó como “Amicus curiae”, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli y el titular de la cartera de Desarrollo Urbano porteño,  Daniel Chaín.

Los representantes del Gobierno encargados de responder las preguntas del juez Gallardo fueron Liliana Barela (directora de Patrimonio Histórico), y su asesor, el director de Arqueología Urbana, Daniel Schavelzon, quien confirmó  que no tuvieron conocimiento de la obra hasta que ésta se inició.

Luego de la  audiencia pública el magistrado ordenó   parar por completo las obras.

Asimismo,  el juez determinó: “mantener en todos sus términos la medida precautelar; ordenar al GCBA y a la empresa constructora retirar el vallado colocado en las inmediaciones del Parque, realizar la limpieza del mismo, y realizar las obras necesarias a efectos de que la zona del Parque que linda con la Avenida Coronel Díaz y la calle Salguero de acceso de automóviles sea reacondicionada a fin de encontrarse en idénticas condiciones a las que se hallaba previo, antes del lunes 6 de septiembre de 2010 a las 11”.

Para el caso que el Gobierno porteño o la empresa constructora Vialco S.A no cumplan con lo pedido, el magistrado resolvió que “se impondrán astreintes personales en cabeza del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y del Presidente de la empresa Vialco S.A y se efectuará la pertinente denuncia penal contra los precitados ciudadanos”

La decisión de Gallardo se debe a que  detectó una serie de irregularidades como  el “incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de una presentación de estudio de impacto ambiental comprensivo de todos los elementos que constituyen el medio ambiente, la falta de análisis y estudio del propio GCBA de las cuestiones de patrimonio arqueológico y paleontológico que pudieran suscitarse, el incumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la ley nº 1.227 en tanto requiere la intervención de la Secretaría de Cultura del GCBA y del artículo 50 de la ley nº 25.743, así como las cuestiones sin resolver que se desprenderían del plan de rescate arquelógico presentado por Vialco S.A”.

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