Buenos Aires SOS

La controversia planteada a partir de la difusión pública de los montos que el Estado nacional transfiere a la Iglesia a modo de «contribución» para cubrir los sueldos de obispos y auxiliares, no puso en el eje de los cuestionamientos al principal recurso público que va a parar a manos de los sectores eclesiásticos: las transferencias destinadas a subsidiar las escuelas católicas. Se trata de montos significativamente más elevados que los 130 millones de pesos que tanto revuelo generaron, pero que resulta dificultoso cuantificar a nivel nacional ya que la mayor parte de esos recursos son aportados por cada distrito. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, el Estado destina más de 1200 millones de pesos para sostener el funcionamiento de los 64 colegios que dependen del Arzobispado y los 240 que pertenecen a las diferentes congregaciones del culto católico, según datos oficiales del ministerio de educación porteño.

Cabe consignar que la totalidad de los subsidios -que se otorgan por ley desde hace cinco décadas- se destinan al pago de los salarios docentes, cuya incidencia en el presupuesto educativo representa aproximadamente el 60%. Desde la cartera educativa nacional explicaron a Ámbito Financiero que los Ministerios de Educación de los distritos más importantes destinan alrededor del 20% del presupuesto educativo a financiar las actividades de los colegios religiosos. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la cifra destinada en el presupuesto 2018 para subsidiar la educación privada es de $6.050M. El cálculo es simple: actualmente existen 1700 escuelas privadas en territorio porteño, de las cuales 300 dependen de la iglesia (o sea un 18% del total). «Estamos hablando de unos 1200 millones por año, casi diez veces el monto que la semana pasada generó tanta polémica cuando Marcos Peña lo señaló en su informe de gestión ante los diputados», destacó la fuente.

«El dato de Peña fue significativo, pero es parcial ya que no mencionó los subsidios educativos que son mucho más cuantiosos que los salarios de los obispos», agregó el diputado del FIT Nicolás del Caño en una curiosa coincidencia con lo expresado por el jefe de Gabinete macrista. El legislador es autor de un proyecto para derogar la Ley 17.032, que homologó un acuerdo suscrito entre Argentina y el Vaticano en 1966. Además, propone la eliminación del inciso «c» del artículo 146 del Código Civil y Comercial, que califica a la Iglesia Católica como «persona jurídica pública».

Otra de las maneras de entender la discriminación positiva que favorece a las escuelas privadas dependientes de la Iglesia guarda relación con el porcentaje de cobertura que se les asigna. Así, de las 167 escuelas primarias privadas laicas en CABA, 32 reciben aportes por entre el 80 y 100% de sus presupuesto docentes, es decir 1 de cada 5, mientras que entre las 215 escuelas primarias privadas católicas, son 167 las que reciben entre el 80 y 100% del total, es decir casi 4 de cada 5.

¿Privilegios o derechos?

Más allá de las interpretaciones políticas respecto al contexto de confrontación en el que se produjeron estas revelaciones (que forman parte de una realidad para nada novedosa en la Argentina) para el poder eclesiástico las transferencias del Estado serían, «un monto menor» comparado con el presupuesto que manejan las diócesis. De acuerdo con un cálculo realizado por el Arzobispado de Buenos Aires, «no superarían el 7 por ciento del total de gastos que insume el funcionamiento».

La polémica desatada la semana pasada cuando Marcos Peña acudió al Congreso a responder las preguntas de los legisladores se centró inicialmente en los dineros que insume el pago de los sueldos a los prelados. Sin embargo, la pregunta 27 de la extensa lista que el jefe de Gabinete debió responder aludía específicamente a las transferencias educativas. En su respuesta formal, el ministro coordinador sustuvo que la cartera educativa «no realiza transferencias presupuestarias destinadas a subsidios para escuelas de la Iglesia Católica» pero que «los aportes del estado nacional son realizados a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para financiamiento de los salarios docentes de instituciones de gestión estatal y privada».

La cifra total de ese recurso es muy difícil de determinar ya que la estructura de la Iglesia funciona de manera descentralizada, lo que significa que cada parroquia opera de manera autónoma, y los fondos que recauda cubren los gastos de funcionamiento y la asignación de los sacerdotes. Desde el arzobispado explican que, «en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 2% de la recaudación va a un fondo común parroquial para ayudar a aquellas más desfavorecidas», pero fuera de eso cada parroquia debe sostenerse de manera independiente. «Si el gobierno de Mauricio Macri está realmente decidido a terminar con los privilegios de ciertos sectores, permitirá que avancen iniciativas como la nuestra, que proponen terminar con estos subsidios, de lo contrario todo quedará en una chicana de coyuntura», concluyó Del Caño.

(Por Mauro Federico)Fuente: Ámbito