Buenos Aires SOS

Las víctimas del incendio del depósito de Iron Mountain fueron recordadas este lunes al cumplirse cuatro años de la tragedia, ocurrida el 5 de febrero de 2014, cuando murieron ocho bomberos y dos rescatistas que intentaban controlar el fuego.

Reclamaron al juez porteño Pablo Ormaechea celeridad en la investigación, que hasta el momento no cuenta con ningún responsable procesado, mientras que el ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires Juan José Gómez Centurión ni siquiera fue llamando a declarar. «Estamos esperando justicia. El año pasado se terminó de tomar indagatoria a todos los imputados, pero lo cierto es que hoy no hay nadie preso», indicó a Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los agentes de Defensa Civil fallecidos.

«Sabemos que si se hubieran hecho los controles nuestros diez héroes no hubieran muerto», sostuvo Barícola, al recordar que Gómez Centurión no fue convocado en la investigación y que existen dos estudios periciales que confirmaron que el incendio fue intencional. «Hay un tema de lavado de dinero en el medio», denunció la mujer y se esperanzó junto al resto de los familiares con que «este año se realicen los procesamientos y se esclarezca el hecho».

En julio del año pasado, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó la resolución del juez Pablo Ormaechea, quien había sobreseído a dos jefes de bomberos y un apoderado de la empresa de almacenaje, administración y protección de documentos Iron Mountain, informó la página de la Procuración.

El magistrado había sobreseído a dos responsables de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal: el inspector de la dirección de Prevención, Matías Griffo, y el comisario inspector Raúl Arbor, jefe del Departamento Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales, acusados de «incurrir en un acto de corrupción para obviar los pasos de la habilitación».

Los funcionarios están acusados además por facilitar que «en un sólo día se presentaran los planos, se realizara la verificación ‘in situ’, se confeccionara el informe técnico y se emitiera el certificado de aprobación».

El sobreseimiento había alcanzado también a Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría , apoderado de la firma, quien gestionó el trámite para el depósito donde se archivaba documentación de importantes empresas, como el HSBC, JP Morgan, BNP Paribas y Socma (Omexil) , entre otras.

El Defensor Adjunto del Pueblo porteño, Gabriel Fuks, aseguró este lunes que «a cuatro años de la tragedia en el predio de la calle Azara 1245, la investigación sigue trunca, sin justicia para las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto».

«Hay pruebas que demuestran la intencionalidad del incendio», opinó Fuks a través de un comunicado y consideró que «seis agencias del Estado fueron las que fallaron en los controles cruzados» sobre Iron Mountain.