Buenos Aires SOS

El Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina, fundado en 1956, atraviesa una etapa crucial en su historia. A casi siete décadas de su nacimiento, legisladores porteños y vecinos del Bajo Flores promueven un proyecto de ley para regularizar la situación legal del predio que ocupa el club desde hace décadas y evitar así un eventual desalojo.

La propuesta, presentada por la diputada María Sol Méndez (Confianza Pública), contempla otorgarle al club el permiso de uso de las siete hectáreas que actualmente ocupa por el plazo de 100 años.

El objetivo es frenar los planes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que considera utilizar esas tierras para ampliar el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde se forman policías y bomberos porteños.

Según explicó Méndez en sus redes sociales, el proyecto busca asegurar la continuidad de las actividades deportivas y sociales que el club brinda en una de las zonas más postergadas de la ciudad, en la intersección de las avenidas Santiago de Compostela, Asturias y Castañares. Aunque el lugar es habitualmente identificado como Bajo Flores, pertenece formalmente al barrio de Parque Avellaneda.

El Deportivo Español, que llegó a tener un rol destacado en el fútbol argentino durante los años 80 y 90, fue durante mucho tiempo una referencia cultural y deportiva para la comunidad española y para los vecinos de la zona. Su estadio, inaugurado en 1981 y ampliado en 1996, llegó a albergar hasta 35.000 personas. El equipo se mantuvo durante 14 temporadas consecutivas en la Primera División.

Sin embargo, una serie de decisiones dirigenciales controvertidas a fines de los años 90 y principios de los 2000 derivaron en una fuerte crisis económica. El club perdió el control de su ciudad deportiva y su predio fue cerrado en 2003. Recién en 2007, el gobierno porteño- a través de la Corporación Buenos Aires Sur- le restituyó el uso parcial del terreno, reconociendo la importancia social de su funcionamiento en ese sector de la ciudad.

Un año más tarde, las autoridades dispusieron una redistribución del terreno: nueve de las 16 hectáreas originales fueron destinadas al funcionamiento de la flamante Policía Metropolitana.

Al club se le otorgaron siete hectáreas mediante un comodato de diez años que venció en 2018. Desde entonces, su ocupación carece de respaldo formal, lo que genera incertidumbre sobre su futuro.

“Desde hace siete años estamos en una situación precaria. Necesitamos una solución definitiva para seguir trabajando por el barrio”, señalaron dirigentes del club durante una reciente audiencia pública en la Legislatura.

El proyecto cuenta con el apoyo de vecinos, ex socios y referentes deportivos que buscan recuperar el esplendor de una institución que, más allá del fútbol, representa un espacio de integración, contención y desarrollo comunitario en un área marcada por la desigualdad.

La iniciativa de la legisladora también cuenta con el apoyo de la Embajada de España en Argentina. “Es una institución social absolutamente imprescindible y un pilar de la memoria del legado español en Argentina”, dijo uno de sus enviados, que participó de la reunión junto con Méndez.