CABA: la Inspección de Justicia pone el ojo en el negocio de las grúas

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La Inspección General de Justicia promovió una acción judicial de nulidad contra la firma Dakota Sociedad Anónima por los “graves y reiterados incumplimientos, omisiones, irregularidades y desprolijidades” en los que incurrió, “atento el interés público comprometido en el caso”. Durante más de dos décadas, detrás de Dakota y del negocio de las grúas en la Ciudad estuvo el empresario Marcelo Violante, de quien se sospecha que operó con un contrato vencido, sin que su empresa presentara balances y con el canon que abonaba al gobierno porteño congelado en $55.000.

Entre otras irregularidades, Dakota S.A. adeudaba la presentación de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de Julio de 2018, 31 de Julio de 2019, 31 de Julio de 2020 y 31 de Julio de 2021. Además, no había efectuado el pago de tasas durante el período de 2018 a 2022.

En el escrito judicial se marca  que «cuando el canon mensual a abonar por la concesionaria del GCBA pasó a ser de $ 55.000, esto es en septiembre del 2014, la percepción de la concesionaria por la «liberación» de cada vehículo acarreado era de $ 350; luego, durante ocho años, el canon permaneció invariable en $ 55.000 mensuales … pero la mentada «tasa de remoción y acarreo» – establecida a efectos de la percepción por parte de la concesionaria DAKOTA S.A. de la retribución de sus servicios – fue siendo actualizada permanentemente, hasta llegarse a enero de 2022, en que su valor fue determinado en $ 6.525”.

Se señala además que con esa «asimetría de tratamiento», por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre «egresos» (canon mensual, entre ellos, de la concesionaria DAKOTA S.A.) e ingresos (tasa de remoción a percibir por cada vehículo removido en situación de estacionamiento indebido, entre ellos), resultan inexplicables los resultados finales arrojados en la mayoría de los ejercicios económicos presentados, temporáneamente y/o tardíamente».

Lo más llamativo es que «la mayoría de los estados contables de la compañía arrojan saldos negativos finales, por reflejarse, en los balances del caso, pérdidas económicas en la casi todos los ejercicios».

“La pregunta que debe formularse necesariamente es cómo y de qué manera, la sociedad Dakota SA – o el Sr. Marcelo Daniel Violante, lo que hoy es exactamente lo mismo – pudo evitar entrar en disolución por pérdida de su capital social; y la respuesta se encuentra, precisamente, en la total opacidad que caracteriza sus estados y registros contables«, refiere la IGJ.

Y agrega que «bastaba con no informar sobre los resultados de cada ejercicio en cada acta de asamblea … eliminando toda referencia al monto de las pérdidas, o, de igual modo y en la misma línea espuria, evitar absorber con tales pérdidas las cuentas positivas del patrimonio neto, lo cual se evitaba con el mero y remanido recurso de trasladar dichas pérdidas a la cuenta de resultados no asignados, y, fundamentalmente, proceder, para evitar tener un patrimonio neto negativo, a la actualización de su activo mediante revalúos técnicos…. lo cual constituye una actuación ilegítima».

Este año salieron a la luz mensajes filtrados entre Violante y el ministro de Seguridad porteño, hoy de licencia, Marcelo D’Alessandro, en los que Violante le pedía que mediara con la justicia y sugería sospechosos envíos de cifras en dólares. De hecho, en uno de los chats de 2019, el empresario de las grúas le habría avisado a D’Alessandro que necesitaba verlo y “de paso te llevo los 50 mil”.

En otro de las supuestos diálogos menciona «negocios» y le solicita su ayuda para ganar licitaciones. “Hola! ¿Te da para proponer negocios a Horacio?”, se lee, en aparente alusión al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. “Sí”, le responde el funcionario porteño, quien debió pedir licencia tras el escándalo desatado por las conversaciones.

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