TORRES VS RESERVA ECOLÓGICA

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Buenos Aires Sos (BAS).- Abril 2007.- (Por Gabriela Sharpe).-El boom inmobiliario que viene experimentando la Ciudad de Buenos Aires ha disparado la polémica sobre el control (o no) de la proliferación de las torres, la consulta de los vecinos en el desarrollo urbano, y si la reactivación económica que genera, debe priorizarse al impacto ambiental que provoca. Según las organizaciones vecinales, la multiplicación indiscriminada de torres en la Ciudad pone la red de servicios al borde del colapso, aumenta la contaminación visual y sonora, así como el caos vehicular en zonas muy pobladas, y altera drásticamente la fisonomía tradicional del barrio. Con este panorama confuso de Códigos de Planeamiento Urbano que no termina de dar a luz; con las quejas de los vecinos organizados que reclaman ser escuchados, con este batifondo de fondo se crea el Barrio Nº 49. Un nuevo barrio porteño se construirá en un futuro cercano en la zona sur de Puerto Madero, en lo que fue la Ciudad Deportiva de Boca y se llamará Santa María del Plata. Este emprendimiento estará compuesto por varias torres (20) de departamentos, centros comerciales, teatros, cines, una marina para embarcaciones y espacios verdes. Ocupará un predio de 70 hectáreas y la inversión prevista es de 500 millones de dólares, aunque el titular del Grupo IRSA -quien presentó el proyecto junto con Related Group of Florida-, Eduardo Elsztain, dijo que su desarrollo requerirá varios millones más. Esztain aclaró también que el barrio respetará la fisonomía de Puerto Madero y aseguró que no tendrá ningún aspecto negativo sobre la Reserva Ecológica. No es nueva la idea de urbanizar las tierras ganadas al río. Por la Ley 16575 se permitió donar al Club Atlético Boca Juniors una fracción de tierra con superficie hasta 40 hectáreas, ubicada en los terrenos que resulten del rellenamiento del río de la Plata. El Club Atlético Boca Juniors debía destinar esta fracción a la construcción de diversas instalaciones deportivas como ser un estadio con capacidad mínima para 140 mil espectadores, una sede social, canchas auxiliares, canchas de básquet y de tenis, gimnasio,natación, pista de patinaje, entre otros. Según dicha Ley los espacios no ocupados por el Club deberían ser librados al uso pùblico. Si el Club no cumplía con estas determinaciones sería sancionado y los terrenos volverían a manos del Estado. Ha pasado mucho tiempo, el Club no ha cumplido lo pactado y estas tierras se han vendido a manos privadas. En 1991, la Sociedad Santa María del Plata, encabezada por el constructor Juan Gerlach y el arquitecto Diego Peralta Ramos, le compró el predio a Boca por u$s 22 millones. En 1997, IRSA -por entonces liderada por la inversora de George Soros- compró los terrenos por u$s 51,5 millones. El año pasado, a IRSA se le sumó el Related Group of Florida liderado por el argentino radicado en los Estados Unidos, Jorge Pèrez. Pérez es un desarrollador de Miami que ostenta el puesto Nº 197 en el ranking de los 400 estadounidenses más ricos, según la revista Forbes. «Este proyecto puede ser el más emblemático de Buenos Aires; podemos recrear la ciudad dentro de la ciudad», afirmó Jorge Pérez. También insistió en que no se trata de un proyecto privado:»Pensamos que el agua es siempre del público, por lo tanto el proyecto está rodeado por áreas verdes accesibles para todos. No va a ser nada privado». Dicho terreno fue ganado al Río de la Plata con rellenos en forma de islas y según el Código de Planeamiento Urbano esos terrenos pueden ser tratados como una sola manzana. Es decir una manzana de 71 hectáreas. Según el Código Civil de la Construcción de la Ciudad este espacio debe ser de libre acceso a la población. Sin embargo, estos terrenos terminaron siendo un gran relleno de más del doble de su medida inicial y de uso privado. El licenciado Antonio Brailovsky sostuvo que el mismo orden institucional que regaló tierras pùblicas para hacer un estadio que nunca se construyó, el orden público que convalidó la estafa a los hinchas de Boca que compraron esos bonos hoy inservibles, también aprobó una normativa urbanística para estas tierras que permite un desarrollo absolutamente inaceptable. Para el Código de Planeamiento Urbano esos terrenos pueden ser tratados como una sola manzana. Es decir, una manzana de 71 hectáreas. «Vamos a abrir Buenos Aires al mundo» prometieron los inversores, quienes destacaron que «vemos un momento económico realmente muy bueno para el país y para el sector». El titular de IRSA negó que el mega emprendimiento inmobiliario vaya a perjudicar el ecosistema de la Reserva que está al lado o a las familias del precario barrio Bueno que se instalaron al lado de la Reserva. Mientras tanto la Asociación Civil por la Reserva insiste que este megaproyecto tendrá un impacto ambiental negativo y lo calificó como «una bomba de tiempo». La Reserva será uno de los lugares afectados y este dato no puede pasar desapercibido ya que por ella pasan, cada año, casi un millón de ciudadanos y turistas, que disfrutan de este paraiso natural a pocos metros del obelisco. En el predio conviven más de 300 especies de aves, 9 de anfibios, 23 de reptiles, 10 de mamíferos, 50 de mariposas y 245 de flora. Otro dato a tener en cuenta es que el 22 de marzo del 2005, la Reserva Ecológica de la Costanera Sur fue nominada dentro del sistema nacional e internacional de áreas protegidas con la designación de Humedad de Importancia Internacional (Sitio Ramsar). No puede cuestionarse, entonces, que las excavaciones, los transportes de desechos, los ruidos continuos, entre otros implicarán un daño de envergadura para el ecosistema de la zona. La Asociación Civil por la Reserva calcula que se producirá el desplazamiento de la fauna y como consecuencia habrá un importante impacto sobre el área de paseo público como es la Costanera Sur, violando los derechos ambientales garantizados por la Constitución de la Ciudad, y a futuro preveen que habrá un aumento considerable del transporte: se calculan 14.800 vehículos más, por lo cual los puentes ubicados entre los diques de Puerto Madero se saturarán; y habrá que construir otros cuya costo, sin duda, estará a cargo de todos los ciudadanos- Según datos de la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU) la situación de las àreas verdes, estimada en 1,9 metro cuadrado por cada porteño es crítica. En tanto el déficit de espacios verdes que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires superan las 2.400 hectáreas. Asimismo, la APEVU denuncia en su declaración de principios «la falta de un plan de desarrollo y la creación de nuevas áreas verdes, la pérdida del uso público de la costa del Río de la Plata y su cuenca tributaria contaminada y enajenada» y un «abandono de las autoridades estatales de la defensa de los espacios públicos». «Es alarmante y acelerado deterioro del ambiente urbano y del desprecio de los espacios verdes como patrimonio cultural, lugar de encuentro y de relación de los ciudadanos», señala la Asamblea. BARRIO RODRIGO BUENO Hasta 150.000 porteños viven en asentamientos como Rodrigo Bueno, y en los últimos cinco años este número ha crecido un 30%. El jefe del gobierno porteño, Jorge Telerman, confirma que hay 20 «villas miserias» reconocidas por el gobierno y que todas se acogen a los beneficios de diferentes planes sociales y programas de urbanización. Rodrigo Bueno no es una de ellas. Sus pobladores empezaron a llegar al asentamiento hace más de 20 años, derivados allí por la entonces Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Buenos Aires; cuando los terrenos quedaron vacíos luego de frustrarse un proyecto urbanístico en la zona. Eran cartoneros, changarines y obreros. Construyeron sus casas de material. Poco después, la zona se declaró Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica, y en 1997, la empresa IRSA compró una parte del terreno para llevar a cabo la construcción de un barrio cerrado con oficinas, viviendas, supermercados y hoteles (el barrio Santa María del Plata). Mientras tanto, el Gobierno de Buenos Aires busca el desalojamiento de la villa, ofreciendo un subsidio a los vecinos para que abandonen el lugar. Constantemente circulan fuerzas de seguridad patrullando el barrio, como agentes del gobierno que avisan a los vecinos que se realizará el desalojo dentro de poco tiempo. Esto parece delatar una campaña de intimación por parte del gobierno porteño. Actualmente viven unas 500 familias (2000 personas) que a diferencia de IRSA no tiene el futuro asegurado. Construyeron sus viviendas y serán desalojados cuando el barrio cerrado comience a construirse. Esto duele más allá de la contaminación visual o sonora. Duele porque son indigentes de un sistema que los ha excluido. Y ellos miran, sueñan, comen (a veces), como vos y yo. Pero su única certeza es que algún día (más cerca que lejos) los desalojarán.

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