Buenos Aires SOS

Vidrio, barquitos, copas, sushi, champagne, más copas, cucharas, maquetas, Mercedes, Faena, más cucharas, IRSA.

En Puerto Madero hay enormes torres, perfectos bocetos de enormes torres y enormes pozos que esperan más torres. Todo está a la venta, por supuesto: los ladrillos, las ideas y los pozos. Y todo es carísimo también. Pero eso no es problema, en Puerto Madero los “ciudadanos” tienen plata, mucha plata.

El déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires y el desplazamiento de los sectores más pobres hacia áreas marginadas es la contracara de esa maqueta del progreso. La construcción de viviendas se orienta según el perfil delineado por el mercado inmobiliario: más viviendas lujosas y suntuosas en los barrios con mayor densidad y demanda. Palermo, Caballito, Puerto Madero, Villa Urquiza y Belgrano concentraron el 42,6% de la superficie construida en el período 2001-2011, mientras los barrios del sur de la ciudad en cambio obtuvieron el 9,7%. La población de la ciudad en ese período aumentó en 114.000 habitantes, la mitad de los cuales fueron a hacinarse en las villas y asentamientos, con las inevitables consecuencias ambientales, sanitarias y de infraestructura.

Este proceso llamado gentrificación, implica el desplazamiento de la población original de un área por presión del mercado: se mejora la infraestructura en el mejor de los casos, o se “inventa” un nuevo barrio (distritos de arte, de diseño, de gastronomía, etc.), o se desarrolla comercialmente una zona más o menos espontáneamente. Este combo hace aumentar el valor de la propiedad y los alquileres, lo que produce la expulsión de quienes ya no pueden pagar esos nuevos costos hacia áreas marginales.

Este pretendido boom inmobiliario muestra también su costado oscuro: una de cada cuatro viviendas en la ciudad está vacía, cifra que se incrementa hasta el doble en Puerto Madero y Recoleta, según el censo de 2010. La especulación inmobiliaria que pregona invertir en ladrillos, significa también cambiar dinero de dudoso origen por metros cuadrados en las zonas más cotizadas. Basta recorrer el exclusivo barrio del antiguo puerto para descubrir la gran cantidad de locales vacíos y los cientos de ventanas sin vida de las casas desocupadas. La población en emergencia habitacional se multiplica de manera directamente proporcional a la construcción de viviendas de lujo al servicio de la especulación.

Las nuevas leyes de enajenación salen con fritas de la Legislatura mientras la abundante normativa que intenta, con mucha modestia, ordenar y equilibrar la utilización de las tierras de la ciudad, no se respeta: la ley sobre la Villa 31, tiene el antecedente del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza el acceso de todos sus habitantes a una vivienda digna, obliga a la urbanización de villas y asentamientos y promueve la ocupación de las viviendas deshabitadas. El Plan Urbano Ambiental, un plan director al que deben adecuarse las demás leyes de la Ciudad, largamente debatido y finalmente aprobado por la ley 2083 en 2008, ordena entre muchas otras cuestiones,”…proteger e incentivar las identidades barriales, promover tipologías edilicias que no den lugar a segregación social…preservar los sectores urbanos de baja y media densidad poblacional, implementar acciones a fin de reurbanizar las villas, y mejorar los inquilinatos, hoteles y pensiones…”

Nada en esta serie de normativas, que surgen del más básico sentido común aplicado al planeamiento urbano, fue tomado en cuenta desde entonces por las sucesivas administraciones del PRO, ni por sus socios legislativos del FPV. Más bien todo lo contrario: frente a la Villa 31, está a punto de inaugurarse uno de los grandes negociados de la construcción en la Ciudad. Una obra monstruosa puesta al servicio del lucro de las empresas que “ganaron” la licitación para su concesión: 28mil m2, 800 millones de pesos de inversión que se entregarán por 15 años, con moño y envueltos para regalo al único oferente, una UTE formada por IRSA (del mencionado Elsztain) y La Rural SA pagando a la ciudad en el primer año un alquiler mensual de $175mil pesos (algo más de lo que vale rentar un local comercial en Palermo SoHo). Según el artículo que consigna estos datos (La Nación, 15/7/17) el proyecto original era de administración estatal. En su paso por la Legislatura se “privatizó” reduciendo a la mitad la concesión de 30 años propuesta por el GCBA. Cabe agregar que todo el proceso fue comandado por el Ministro de Modernización del gobierno porteño, Andy Freyre, hasta hace poco director de IRSA.

A dos semanas de las elecciones, el gobierno de Macri (apellido con larga experiencia en el negocio de la construcción como proveedores del estado) lanzó el plan de créditos ProCreAr Joven, por el cual 40.000 familias podrán acceder a su primera vivienda. Más allá de las sospechosas semejanzas con la circular 1050 de Martínez de Hoz (las cuotas y el capital se actualizan según el índice de precios) que dejó en la calle a miles de familias entre los ´70 y los ´80, a un ritmo de 40mil unidades anuales entregadas, se necesitarían cien años para cubrir el déficit actual de viviendas del país. Más de 4 millones de familias viven en casas precarias “propias”, o alquiladas a precio vil: la villa reproduce de manera distorsionada y aumentada las injustas leyes del mercado inmobiliario. Las “capas altas” villeras lucran con la necesidad de habitación de las capas bajas de la propia villa, rentando pocilgas por fortunas mensuales. De manera similar ocurre con los hoteles y pensiones de la ciudad, que ofertan cuartos ruinosos al precio de un dos ambientes, aprovechándose del trabajador en negro o subocupado que no puede llegar a juntar la plata ni a cumplir con los requisitos necesarios para acceder al alquiler de una vivienda decente.

La falta de vivienda no se puede solucionar según la lógica del mercado: acceden a una vivienda sólo quienes con más o menos “facilidades” puedan pagarla.