Buenos Aires SOS

Los directores agrupados en la DAC (Directores Argentinos Asociados) emitió un duro comunicado en el que acusan a las autoridades del INCAA de mantener a la mitad el costo de una película nacional.

El comunicado de los directores, sumado al cierre del cine BAMA muestra una vez más la delicada situación del sector audiovisual que se viene denunciando desde abril de 2017.

Además de la situación presupuestaria, los cineastas denuncian que sigue sin ser designados los nuevos integrantes del Consejo Asesor, órgano que controla entre otras cosas el presupuesto dentro del Instituto del Cine.

Desde 2016, la política cinematográfica llevó a un deprecio de una industria cultural que resulta estratégica e incumple la ley. “El presupuesto de una película nacional de costo medio, eje primordial de la Ley de Cine 17.741 vigente, está desactualizado a la mitad de su valor real, mientras, el presupuesto del INCAA aumenta al compás inflacionario, junto con el precio de las entradas cinematográficas. El Consejo Asesor, reducido a mero sello simbólico de la autoridad de turno, no puede auditar los balances por la forma en que la gestión actual, igual que sus antecesoras, lo presentan”, expresa el comunicado.

También afirman que los créditos fueron suspendidos y que se desvirtuaron las instancias burocráticas para acceder tanto a ellos como a los subsidios. “Mediante complicados sistemas de mínimas convocatorias, paralizan por meses las realizaciones y las someten a la precariedad. En línea con el costo medio, una filmación de seis semanas se hace en tres y así proporcionalmente. El daño es enorme”, detallan.

La DAC forma parte de la Multisectorial Audiovisual, que desde 2016 reclama sin éxito respuesta a la situación, “se deteriora cada modalidad y sector: óperas primas, experimentales, documental, ficción y animación, productores, actores, técnicos y directores. Lo más grave es que despoja al público, como ciudadanía, del esencial derecho a su propia identidad cultural”.

En otro de los ítems, los realizadores hablan también del cine profesional de costo medio, que definen como “pilar de nuestra actividad en cualquier país” y afirma que la cantidad anual de películas producidas se mantiene y supera el calendario y las pantallas existentes pero que la calidad baja. “En el 80% de los casos el “estreno” de una producción se reduce a una sola semana en una única sala y horario. La ley 17.741 establece cuota de pantalla, media de continuidad y semana completa con todas las funciones”.

También destaca que según la ley 26.522 de Servicios Audiovisuales también establece cuota de pantalla que implica el estreno de ocho largometrajes nacionales por año, de los cuales tres pueden ser telefilmes. Además, los derechos de antena deben ser adquiridos antes del rodaje estipulando las diferentes proporciones para las señales que cubran menos del 20% del país, o las que no fueran consideradas nacionales. En este punto, la DAC denuncia que tampoco esto se cumple.

“La cinematografía norteamericana ejerce abuso de posición dominante en todo el mundo y desplaza a las películas nacionales, salvo en los países donde las mismas están debidamente protegidas”.

Resaltan que una ley aprobada en diciembre de 2017, la 27.432, “quita al Fondo de Fomento Cinematográfico sus recursos específicos a partir del año 2022, para enviarlos a Rentas Generales. El INCAA deberá solicitar su presupuesto, que podrá ser otorgado o no. Una producción insume tres años. Los proyectos actualmente comenzados pueden no cobrar su subsidio cuando sean película, si la ley no es modificada”.

Internet se suma a las problemáticas que hoy mantienen en situación crítica al cine. “Convertido en el principal medio electrónico de exhibición, no aporta al Fondo de Fomento ni paga los correspondientes Derechos de Autor”, afirman, “mientras en Argentina incluso se pretende reducir el pago de los derechos de autor ya reconocidos a las entidades de gestión que lo recaudan y distribuyen, en Europa las nuevas tecnologías ya fueron reguladas”.

Luego de una serie de propuestas que apuntan a conservar la autarquía, a regularizar el aporte de los proveedores de servicios de internet, a la actualización automática del presupuesto y al cumplimiento del cupo de género, entre otros seis puntos, la DAC manifiesta “si no se logra revertir rápidamente esta grave situación, no es exagerado afirmar que el cine argentino puede desaparecer”.