Buenos Aires SOS

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, al menos 7 mil personas viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. A la par de la pandemia, el frío y la desidia, el Gobierno porteño incumple con las órdenes judiciales para que cumpla con el deber de atender a quienes no tienen un techo para vivir.

Mientras, otra rama de la Justicia ordena el desalojo de 106 familias que viven en la Casa Santa Cruz 140 y un crimen de odio termina de golpear, con el asesinato de una persona que dormía en la calle y fue prendida fuego. La injusticia social y el horror en la Ciudad de Buenos Aires no dan tregua.

Con la agenda enfocada en el Covid-19, Rodríguez Larreta aprovechó para cancelar dos convenios con Exactas UBA para prevenir el dengue. Desde la institución académica hicieron pública su preocupación porque se dio de baja un monitoreo que existía hace 20 años, y la suspensión coincide con el fin de una temporada donde se registró un récord en la cantidad de infectados en la Ciudad.

Para el oficialismo, los negocios inmobiliarios no están en cuarentena y también aprovechó para dejar afuera a representantes del Frente de Todos en la Comisión de Planeamiento Urbano y Junta Ética de la Legislatura, para designar a los nuevos técnicos que conformarán el Consejo del Plan Urbano Ambiental, sin la oposición.

SITUACIÓN DE CALLE, DESIDIA Y FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Las personas en situación de calle están atravesando, junto a la pandemia del Covid-19 y el desamparo absoluto de no tener donde vivir, la época más difícil del año: el invierno. No hay operativo frío que alcance para frenar el desamparo. Durante los casi 13 años de gestión macrista, éste fue uno de los sectores más castigados y, en los últimos cuatro años la indigencia aumentó 98% sólo en la Ciudad.

Hace pocas semanas advertimos sobre la problemática de los paradores, que no alcanzan para cubrir ni la mitad de las personas que se encuentran en la calle o en riesgo a vivir en la calle.

Por tal motivo, y también a causa de contagios en los paradores que están funcionando, organizaciones sociales presentaron una medida cautelar para que el Gobierno porteño reubique en hoteles o viviendas sociales a las personas en situación de calle. No obstante, el Gobierno de la Ciudad incumplió la decisión judicial y deberá pagar 10 mil pesos por cada día que incumpla esta orden.

En tanto, el juez Fernando Cesari intenta desalojar a 106 familias en la Casa Santa Cruz 140 del barrio porteño de Parque Patricios, haciendo lugar al pedido de habilitación de feria judicial.

En paralelo, el sábado pasado se produjo un hecho horroroso en el barrio de Constitución: un vecino llamó a la policía al registrar un foco de incendio. Agentes de la Comisaría ubicada en San Juan al 1700, acudieron al lugar, llamaron a los bomberos, y al apagar el fuego hallaron el cuerpo carbonizado de una persona que luego en la autopsia se determinó que pertenecía a una mujer. Organizaciones sociales y políticas han responsabilizado al Gobierno de la Ciudad por la sucesión de muertes en los últimos años como “consecuencia del abandono, la desidia, la falta de respuestas y de políticas públicas” para los sin techo. En la Legislatura de la Ciudad se han pedido informes sobre esta problemática. https://www.pagina12.com.ar/277335-un-pedido-de-informes-por-la-mujer-carbonizada-mientras-dorm

LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ATADA A LOS INDICADORES QUE CONVIENEN

Mientras se transita la fase 1 en el AMBA, el ministro de Salud Fabián Quirós se jacta de que la cantidad de casos de coronavirus se está estabilizando en la Ciudad y Larreta ya piensa en “desandar” la cuarentena. 

Sin embargo, la gran cantidad de casos entre adultos mayores y residentes de barrios populares se mantiene en alza. Mientras, los operativos sanitarios de emergencia en geriátricos ya son moneda corriente semana a semana. Hace pocos días en Flores se repitió una película que terminó en tragedia en la villa 31, esta vez fueron vecinas y vecinos de la 1-11-14 quienes se quedaron sin agua para enfrentar una emergencia sanitaria donde la higiene es imprescindible.

Desde el Gobierno de la Ciudad y del entorno de la cartera sanitaria, afirman que los valores monitoreados a diario comienzan a responder y de lograr que el índice de contagiosidad o número R se encuentre por debajo de 1, indicaría que la curva de contagios se está controlando y se podrían permitir nuevas actividades después del 17 de julio.

En simultáneo, probablemente aporvechando que todos los focos están puestos en el Covid-19, el gobierno canceló dos convenios con la Facultad de Exactas de la UBA para prevenir el dengue. Desde la institución manifestaron su preocupación, dado que el monitoreo de mosquitos Aedes aegypti y mosquitos silvestres databan desde hace 20 años y sólo en la temporada 2019/2020 se registraron más de 10 mil casos de dengue en territorio porteño. 

Consideramos crucial que el Gobierno de la Ciudad no abandone y tome todas las medidas preventivas necesarias contra el dengue, dado que no existe vacuna ni tratamiento específico, es una epidemia latente en América del Sur y lo que se necesita es prevención y concientización pública.

SUPERPODERES HASTA EN LA PLANIFICACIÓN URBANA

La oposición sigue anulada por el oficialismo porteño. El Frente de Todos denuncia que no lo han incluido en el Plan Urbano Ambiental y denuncia que Juntos por el Cambio pretende seguir con sus negocios inmobiliarios. En la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y la Junta Ética de la Legislatura de la Ciudad se debatió la designación de los nuevos técnicos que conformarán el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA).

Al no convocar a la primera minoría política de la Ciudad, el encuentro no sólo resulta antidemocrático sino que además despierta dudas, pues entre las principales atribuciones del CoPUA está la de impulsar inversiones públicas y privadas, analizar las implicancias urbanas y ambientales del conjunto de las acciones incluidas en el plan, promover y coordinar consultas y participación, como así también se dedica a la difusión y esclarecimiento.

Un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), advirtió que la política urbana ejecutada por Juntos por el Cambio en la Ciudad ha agravado las dificultades que existen para acceder a un hábitat digno. En este sentido, hemos advertido que mientras se incentivan desarrollos inmobiliarios de vivienda y oficinas de lujo, se desaprovecha la oportunidad que ofrecen los inmuebles públicos en lugares estratégicos para generar mejores condiciones de acceso residencial, por ejemplo, generando vivienda protegida a precio razonable para sectores medios y populares.

Preocupa significativamente que el oficialismo continúe reforzando una lógica antidemocrática y avasallante sobre los bienes públicos. Es inaceptable que en la Ciudad, con el presupuesto más alto del país, porteñas y porteños deban vivir  en situaciones habitacionales deplorables, sin los servicios básicos garantizados, mientras el Gobierno de la Ciudad hace negocios con la venta compulsiva de tierras públicas, los superpoderes, la salud y la educación.

LAS OPORTUNIDAD DE UNA NUEVA NORMALIDAD MÁS JUSTA SE ESCAPA

Tras casi cuatro meses de iniciado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, pareciera diluirse la oportunidad de desarrollar nuevas políticas públicas que direccionen recursos a quienes más lo necesitan. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta continúa con la lógica de los negocios que ejecutó Macri en la Ciudad y llegó consigo a la Nación.

La emergencia sanitaria no sólo expuso con más firmeza las falencias en Salud y en Educación, sino también los negociados en torno a las tierras públicas, las viviendas y la situación de quienes viven en extrema vulnerabilidad. Seguiremos insistiendo en que los recursos existen, la cuestión es orientarlos hacia una sociedad más justa y el oficialismo se rehúsa. (Fuente: Proyectar Ciudad)