De qué hablamos cuando decimos Coparticipación

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(Por Proyectar Ciudad)  El Presidente Alberto Fernández anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal a partir de la modificación del porcentaje de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Tras los anuncios, Horacio Rodríguez Larreta se manifestó sorprendido y enojado y, tal como anticipó una de sus voceras de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, el titular del Gobierno porteño confirmó que irá a la Corte Suprema a judicializar su planteo.

Supuestamente lo que lo tomó por sorpresa fue que el anuncio se diera en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, que según él había borrado el tema de la agenda. No pareciera aplicarse el mismo criterio cuando, en plena emergencia, la Legislatura votó un polémico proyecto que le otorga superpoderes al Ejecutivo porteño.

Ahora bien, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito más rico del país, no es novedad. Su PBI per cápita se compara sólo con el de los países más desarrollados y prósperos del mundo; desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, Rodríguez Larreta fue el mandatario que más recursos recibió, llegando a disponer de un presupuesto de $110 mil pesos aproximadamente por ciudadano porteño. ¿Cómo fue la historia y qué hicieron con esos recursos?

DE DECRETOS Y COPARTICIPACIONES ASIMÉTRICAS

En enero del 2016 el entonces Presidente Macri incrementó por decreto los recursos enviados a la Ciudad de 1,40% a 3,75%, beneficiando al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta con el argumento de hacer frente al traspaso de la policía federal a la Ciudad.

Tal medida superó en al menos 1% el costo equivalente del traspaso de la Policía, por lo que cabe preguntarse si ese gasto justificaba las mayores transferencias y, sobre todo, si el beneficio extraordinario ha redundado en el beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos porteños.

De hecho, la gran incógnita es de dónde sale y qué ha hecho el gobierno de Rodríguez Larreta con la ampliación de sus arcas presupuestarias. Sólo analizando el primer semestre de este año, en el marco de la emergencia social y sanitaria, la Ciudad utilizó sólo el 43% de los recursos pautados. La única área que superó el 50% fue la de Publicidad, mientras que hay más de 800 millones de pesos ejecutados que debían ser destinados a comedores porteños y se desconoce su destino real.

En los 13 años de gestión, el Pro ajustó las partidas destinadas a Salud, Educación, no incrementó recursos para la erradicación de la violencia contra las mujeres ni las políticas públicas para combatir el hambre o la pobreza. Por el contrario, destinó cuantiosos recursos para instalar contenedores “inteligentes” para “evitar que la gente se meta y saque basura”, contratar “expertos” daneses, instalar bancos de diseño en avenidas de la Ciudad, “reparar” veredas compulsivamente, colocar cabinas anti estrés en plazas, gastar 46 veces más de lo prometido en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, entre otras irrogaciones que podrían ponerse en cuestión si de administración de recursos empezamos a discutir.

Ahora bien, si la coparticipación durante el gobierno de Macri en la Nación hubiera sido para la Ciudad de Buenos Aires igual que para cualquier provincia, el 1,4% de su coparticipación original hubiera sido de $28.920 millones en 2019. Si se suma el costo de Seguridad Metropolitana y Bomberos, en 2019 habría que agregar $35.186 millones, valor actualizado por inflación del costo de la transferencia de la Policía.

Ahora bien, en valores absolutos, en 2019 Larreta recibió la suma de $84.796 millones por coparticipación, es decir que a la Ciudad le transfirieron $20.689 millones más de lo que le correspondía. En este año, en medio de una pandemia que afecta regresivamente a los distritos más pobres, CABA estaría recibiendo $27.930 millones de más, por ello se entiende que el decreto presidencial busca corregir una profunda e injusta asimetría.

EL MODELO DE SEGURIDAD DE LA COPARTICIPACIÓN AL DISTRITO MÁS RICO

El proceso de traspaso de la policía estuvo caracterizado por falta de información oficial sobre cómo se llevó a cabo, lo único cierto fue que la transferencia fue con agentes capacitados e implicó para el distrito más rico del país contar también con  vehículos, inmuebles, aeronaves  y servicios informáticos de alto valor.

El Jefe de Gobierno se tomó tan en serio el aumento de la coparticipación, que además de utilizarla para reparar veredas, bancos, contratar consultorías externas y negocios inmobiliarios, la destinó para -por ejemplo- comprar municiones y gas lacrimógeno por $52 millones de pesos, argumentando que se podía desatar una situación social compleja por la cuarentena.

También creó una división de intervención rápida en la Policía de la Ciudad, utilizada discrecionalmente. Ya en distintas oportunidades advertimos sobre los negocios y prioridades que envuelven el Estado policial que quiere el oficialismo porteño, en un contexto donde la Ciudad más rica del país destina sus recursos a una política represiva, comprando elementos para reprimir, combustible para Aviación Policial o accesorios para la Policía de la Ciudad.

La dirección política es siempre la misma:  reprimir trabajadores de la tierra, familias y ancianos en Plaza Constitución, metrodelegados del Subte, trabajadores despedidosadultos mayores en la reforma previsional y tantos otros ejemplos. Hace unas semanas vimos la fuerte represión contra familiares de Santiago Maldonado y organizaciones de derechos humanos que se movilizaron en Buenos Aires. El rol de la Policía de la Ciudad, que responde política e ideológicamente al Ejecutivo porteño, no siguió las mismas órdenes que cumple cuando los manifestantes se expresan contra la cuarentena y las políticas del gobierno nacional.

En la última exposición del Jefe de Gabinete Felipe Miguel en la Legislatura se le consultó sobre la Seguridad, tanto el diputado Santoro como la diputada Victoria Montenegro lo acusaron de mentir desde el año pasado en los informes presentados al negar que al menos cinco agentes de la Policía de la Ciudad se habían desempeñado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el mandato presidencial de Macri y luego fueron reintegrados sin explicaciones, mediante el traslado y un cambio de funciones legalmente incompatible.

Es que el modus operandi del macrismo en relación al espionaje viene de larga data, involucra a distintas fuerzas de seguridad e inteligencia y encubre la doble vara en la política de seguridad porteña con la aplicación de derechos civiles para ciudadanos de primera y de segunda.

UNA PANDEMIA QUE SIGUE AVANZANDO

Mientras tanto, la pandemia del Covid-19 aún no tiene cura y seguimos frente a una emergencia sanitaria. No obstante, la percepción del riesgo parece haber bajado y el peligro sigue escalando. Desde el Gobierno porteño hacen su aporte a la “relajación social” argumentando que “el 70% de lo que ocurra” depende de la responsabilidad individual.

El escenario epidemiológico no es sencillo, desde distintas áreas de la Salud alertan sobre el inminente colapso del sistema y en la Ciudad, en vez de generar políticas para descomprimir al personal de salud, insisten en la estabilidad de los casos. Los terapistas desmienten al ministro de salud porteño Fernán Quirós y se espantan por las imágenes de la Ciudad del fin de semana “son patéticas, bizarras”, dicen cansados.

Pese a las críticas y al desconocimiento del impacto que podría llegar a haber tras la puesta en marcha del plan aperturista, el Ejecutivo aseguró que no habrá una reconsideración de la flexibilización, por el contrario, está enfocado en mantenerla y en todo caso intentar controlar las aglomeraciones. Es más, cerca de 4200 bares se sumarían al esquema de flexibilización que podría proyectar también la utilización de terrazas y patios.

 

FALSAS PROMESAS

Lo cierto es que no se trata de un problema de recursos ni de legalidad en la distribución de los mismos. Aun con la baja en la coparticipación, los recursos están y la medida dictada por el Presidente tiene la legitimidad de corregir una injusta asimetría. El problema, como sostenemos siempre, son las prioridades. Desde que comenzó la gestión del PRO en la Ciudad -hace 13 años- su política estuvo caracterizada por el endeudamiento, el ajuste en la inversión social y el desarrollo de obras públicas que no mejoran el transporte, la salud, la educación o el acceso a la vivienda.

Ni siquiera teniendo la mayor coparticipación y el mayor PBI per cápita, quienes gobiernan el distrito más rico del país han logrado convertir a Buenos Aires en una urbe más próspera, con menos inequidades y más oportunidades. Menos salud, menos educación, menos espacios verdes, menos cultura y más negocios, más especulación. Ni frente a una crisis económica brutal y una emergencia sanitaria sin precedente ejecutaron las partidas para asegurar el bienestar de niñas, niños y adolescentes que más necesitaban.

Mientras se ejecuta una política sumamente liberal en cuanto a permisos para el esparcimiento y la diversión social, las y los profesionales de la salud enfrentan la desesperación de un sistema que se agota, no sólo por la ocupación de camas, sino principalmente por un recursos invalorable y descuidado: el recurso humano, la atención de quienes vienen de una flexibilización laboral galopante, sin elementos de higiene y protección personal, con compañeras y compañeros que han fallecido de Covid y con sueldos insuficientes que los hacen rozar la línea de pobreza. Si vamos a discutir los fondos, hablemos a fondo.

Buenos Aires Sos

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