Conocé al represor Luis Muiña

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Miralo bien porque a partir de ahora te lo vas a cruzar en la calle

La Corte Suprema de Justicia argentina otorgó el beneficio 2×1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.

Luis Muiña es acusado por los hechos registrados la madrugada del 28 de marzo de 1976. Un operativo militar a cargo del brigadier Reynaldo Bignone ocupó el hospital bonaerense Posadas, detuvo al personal y lo trasladó a “El Chalet”, un centro clandestino de detención y tortura.

Las víctimas fueron Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

El imputado formó parte del autodenominado grupo «SWAT», el comando paramilitar interno del Hospital Posadas.

Luis Muiña es “coautor del delito de privación  ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde», precisa el Centro de Información Judicial.

En 2011 fue condenado a 13 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, junto al dictador Reynaldo Bignone y el exjefe de la Brigada aérea de Palomar, Hipólito Mariani.

En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 realizó el cómputo de detención y de pena de Muiña, tomando en cuenta el artículo 7 de de la ley  24.390, conocida como «dos por uno”, que permitía la liberación del condenado en noviembre de 2016. Este miércoles, la Corte Suprema lo confirmó.

Muiña también fue procesado por la muerte de dos médicos del Hospital Posadas durante el secuestro, sin embargo, fue absuelto en el juicio oral porque el Tribunal aseguró que los hechos ya habían sido juzgados en la causa de secuestro y torturas.

Los abogados de Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz, y Jorge «Tigre» Acosta, todos imputados por delitos de lesa humanidad, también podrían solicitar los mismos beneficios y reducir sus penas, incluso, si tienen condenas a cadena perpetua.

 

 

 

 

 

 

 

 

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