Buenos Aires SOS

El diputado sostuvo que la legislatura  se ampara en una ley de la dictadura.

«El Presidente de la Nación plantea vender tierras mediante un decreto (1173/16), cuando la Constitución Nacional  -artículo75- es totalmente clara cuando establece que corresponde al Congreso toda disposición sobre bienes nacionales. Este decreto de Mauricio Macri se ampara en otro decreto de la ex Presidente Cristina Fernández (1382/12 DNU), que crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado otorgándole la facultad de administrar, concesionar y enajenar bienes públicos, previa autorización, de acuerdo con la legislación vigente. Es decir, la Administración de Bienes del Estado no puede disponer de los bienes sin la autorización del Congreso Nacional; no lo puede hacer el Presidente por decreto», sostiene Camps.

Agrega que» para salvar este tema, la ex mandataria rescata una ley de la última dictadura militar -la 22.423-, que autorizaba a la entonces Secretaría de Hacienda a disponer de los bienes. En este sentido, Cristina Fernández va a decir que la Administración de Bienes del Estado pasa a tener las mismas facultades que antes tenía dicha secretaría (Decreto 2670/15)».

El decreto firmado por  Mauricio Macri no sólo se basa en los de la ex Presidente sino, y de forma explícita, en la ley 22.423 suscripta por Videla y Martínez de Hoz: “Cualquiera sea su jurisdicción de origen será centralizado por la Administración de Bienes del Estado, organismo que detecta las funciones que la ley 22.423, su modificatoria y complementarias atribuía a la entonces Secretaría de Estado de Hacienda […] con plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional”.

«En consecuencia, el decreto de Macri es absolutamente inconstitucional», afirma el legislador del PSA.

“Me opongo absolutamente a que esta Legislatura se ampare en una ley de la dictadura, cuando no existía el Congreso de la Nación, y el que disponía era Rafael Videla”, afirmó Adrián Camps, durante el tratamiento del proyecto en el recinto.

Para el legislador del PSA, “en el ejercicio de la acción política siempre hay una tensión entre el poder político y el poder económico. Pero es el primero el que debe tener supremacía sobre el segundo, el que debe decidir qué es lo que se hace y qué no. Para nosotros, los socialistas, la tierra debe tener una función social; y la tierra pública con mucha mayor razón”.

En la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2008, se sancionó la Ley del Plan Urbano Ambiental -firmada, entre otros, por el actual Vicejefe Diego Santilli- donde se plantean propuestas para el ordenamiento del territorio porteño. En su artículo 9, propone “preservar y ampliar el corredor verde norte”, incorporando como espacio público las tierras fiscales que sean desafectadas de otros usos. También plantea resguardar las corrientes de aire provenientes de la costa regulando la masa edilicia mediante la normativa urbanística.

“Nos estamos cansando de hacer torres sobre la costa; es una política permanente que frena el ingreso de aire costero a la Ciudad de Buenos Aires y después nos cocinamos, como nos pasó estas últimas semanas en las que tuvimos más de 40 grados de sensación térmica”, advirtió Adrián Camps, quien es Presidente de la Comisión de Cambio Climático de la Legislatura e integrante de la de Ambiente.

Mientras tanto los empresarios , por ejemplo,  Eduardo Costantini señala: “Tengo 500 millones de dólares y nada en qué invertir. Depende mucho de la oportunidad del terreno que encontremos. Estamos esperando. Si el Gobierno saca en venta los terrenos de Catalinas Norte, 250 mil metros o 300 mil metros frente a Buquebus, nosotros somos compradores. Son tickets de 100 palos verdes solo de tierra. Puede ser un proyecto de US$ 250 millones. O el Tiro Federal, más 100 metros cuadrados convertibles también vale”.

Entonces, los empresarios proponen comprar las tierras de Catalinas Norte 2. Qué plantea el oficialismo: vender dichos terrenos. Qué dice el Plan Urbano Ambiental: que esas tierras tienen que ser espacio público y recomienda proteger la entrada de aire del río. Queda claro quien tiene la supremacía. “Permanentemente estamos sancionando leyes para favorecer a los intereses inmobiliarios”, concluyó Adrián Camps.