Buenos Aires SOS

El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan E. Baldiviezo, ha manifestado su preocupación por el avance del desalojo en el Barrio Rodrigo Bueno bajo la gestión de Jorge Macri. En un mensaje contundente a través de redes sociales, Baldiviezo afirma: «Jorge Macri avanza con un desalojo en el Barrio Rodrigo Bueno pasando por encima de la Justicia.»

Baldiviezo denuncia que el Gobierno no ha logrado obtener la orden judicial necesaria para el desalojo, por lo que ha optado por «inventar un atajo: usar un decreto administrativo.» Este recurso sería parte de una maniobra más amplia, donde se aplica una ley destinada a desalojar «parques públicos» para expulsar a familias de sus hogares en un barrio popular.

El dirigente subraya la ilegalidad del procedimiento, señalando que «hay 3 leyes vigentes (incluida la Ley Nacional de Barrios Populares) que prohíben expresamente los desalojos en estas zonas.» A pesar de esto, Baldiviezo se muestra alarmado ante lo que considera un «modus operandi» recurrente, evidenciado en otros desalojos similarmente controvertidos, como en el barrio de San Telmo.

«Una situación absolutamente ilegal,» continúa Baldiviezo, quien detalla que «Jorge Macri, a través de un decreto administrativo totalmente ilegal, ha decidido desalojar a familias sin darles una solución habitacional definitiva alternativa.» Insiste en que las familias han vivido en el barrio Rodrigo Bueno durante años y están bajo la protección de normativas que impiden tales acciones.

Además, Baldiviezo resalta que la legislatura porteña, durante la gestión de Macri, adhirió a la Ley Nacional de Barrios Populares, que «suspenden cualquier tipo de desalojo de familias en las villas del país y en las villas de la ciudad de Buenos Aires.» Aun así, el uso de decretos administrativos persiste como un recurso para llevar a cabo desalojos.

El activista concluye su serie de declaraciones enfatizando que este patrón se ha vuelto habitual: «Está siendo una costumbre de Jorge Macri desalojar a familias a través de decretos administrativos con distintas excusas.» De esta forma, Baldiviezo llama la atención sobre la necesidad de una intervención judicial que garantice los derechos de las familias afectadas en el contexto de un proceso de urbanización en la comunidad.