Venta de tierras públicas. Sin fin

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Bajos instintos inmobiliarios

El Gobierno de Rodríguez Larreta continúa vendiendo tierras públicas y favoreciendo meganegocios inmobiliarios privados. Esta vez, fue el turno del Empalme Norte y de la última manzana libre en Puerto Madero. La Legislatura porteña -con el voto positivo del Pro, del Frente Renovador, de Suma+ y hasta del Socialismo- aprobó la venta de más de 10 hectáreas. El fin del espacio público, nuevos negocios inmobiliarios y una nueva pared entre la ciudad y el río.

La Legislatura porteña aprobó el último proyecto de Ley que autoriza la venta de tierras públicas ubicadas en Puerto Madero con la excusa financiar la construcción del Paseo del Bajo, un corredor vial de alrededor de 6 kilómetros que pretenderá conectar las autopistas Buenos Aires La Plata, Illia y 25 de Mayo.

Lo cierto es que la creación de la autopista ribereña habilita un nuevo negocio inmobiliario -a través de la venta de terrenos públicos- y además se completa el negocio con una obra que fue adjudicada a IECSA, la empresa del primo presidencial Ángelo Calcaterra (quien antes era director cuando Macri figuraba como dueño y repentinamente se convirtió en dueño y Macri dice que no tiene nada que ver), dos meses antes de que la Legislatura apruebe su construcción.

Según las críticas, la obra del Paseo del Bajo contraría la política de transporte de la ciudad y avanza sobre la urbanización sin contemplar los espacios verdes exigidos.

Un negocio inmobiliario a medida

El empalme norte -conocido como Catalinas Norte 2- es un terreno ferroviario de nueve hectáreas que, a partir de la aprobación de la Legislatura porteña, será vendido para la construcción de catorce torres: siete de perímetro libre, cinco de 139 metros – el equivalente a 45 pisos de altura – y dos de 62 metros.

También se aprobó la venta de la manzana IQ de Puerto Madero, que se encuentra ubicada en el dique 4, sector este de ese barrio y que posee 11 mil metros cuadrados de superficie.

Dicho de otra manera: la inversión pública en autopistas habilitará el desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios privados. Sin embargo, “la ciudad no ha establecido ninguna herramienta urbanística para recuperar un peso de dicha inversión, que será apropiada por unos cuantos propietarios”, afirmó el Observatorio.

Según Enrique Viale, referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas -AAAA-, la construcción de la ribereña no es más que una excusa: “Este proyecto es para encubrir un gran negocio inmobiliario, un enorme, un espectacular negocio inmobiliario que se encuentra en concordancia con varias de las medidas que el gobierno viene tomando.”

Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio, dijo que “Se trata de una política bien concreta de este gobierno de expandir el barrio Puerto Madero tanto para el norte como para el sur”. Y agregó: “Es en esta lógica que lograron la aprobación del Paseo del Bajo y que van a vender los terrenos de la Isla Demarchi”, que estaban destinados a la creación del Polo Audiovisual.

Nuevamente, los terrenos fiscales en venta se encuentran en el barrio más costoso de la Ciudad – Puerto Madero – y estimulan un desarrollo urbano hecho a medida de los especuladores. “Esta especulación está aumentando sistemáticamente el valor del metro cuadrado, imposibilitando el acceso a la vivienda propia para la población trabajadora, y a los alquileres” afirma el informe del Observatorio y cierra: “Es la expulsión de la población trabajadora de la Ciudad“.

Planificación Urbana, afuera

La creación del Paseo del Bajo tendrá ocho carriles exclusivos a las calles laterales para automóviles. “Esto va en contra de la planificación, va en contra de todo el intento de desalentar el uso de autos que entran al centro de la ciudad. Este tipo de autopistas están desaconsejadas en todo el mundo”, afirmó el abogado Viale.

Además de la cuestión del tránsito, la creación del Paseo del Bajo y la venta de las tierras de Catalinas Norte y la manzana IQ, apuntan directamente hacia la pérdida de espacios verdes públicos. En la ciudad, existe un promedio de 5,9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, un 50 por ciento menos del mínimo impuesto por la Organización Mundial de la Salud – OMS-.

Con la creación de la autopista ribereña, el gobierno prometía aumentar los espacios verdes. Sin embargo, las organizaciones especialistas en el tema afirman que “para que un lugar sea considerado verde debe permitir que el agua de lluvia llegue a las napas. Los espacios verdes que el proyecto aborda son terrazas de una autopista subterránea, por lo tanto no cumplen esa condición”.

El proyecto asegura que se construirán 60 mil metros cuadrados de espacios verdes. Lo que el proyecto no aclaró, es que se trata de espacios cementados y que con la venta de los terrenos en realidad se eliminan más de 90 mil metros cuadrados de terreno absorbente, que no serán compensados.

A la cuestión de los espacios verdes, la AAAA agrega: “Se trata de un proceso de enajenación pocas veces visto. Venden tierras que podrían ser espacios verdes públicos y a su vez producen un enorme daño patrimonial”.

Todo queda en famiglia

Apenas iniciado el año, el presidente anunció el comienzo de las obras para el Paseo del Bajo junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Una obra que costaría 670 millones de dólares y que de acuerdo al proyecto oficial será financiada con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y con la venta de los terrenos de Catalinas Norte y la parcela IQ de Puerto Madero. Es decir que, además de desfinanciar al Estado por la venta de tierras públicas, se lo endeuda para abonar 93 millones de dólares el kilómetro.

Fue a principio de año también que Mauricio Macri le atribuyó el tramo más largo de la obra a IECSA: $3.183 millones de pesos para la empresa de su primo Ángelo Calcaterra. Lo curioso (y no tanto) es que la adjudicación de la obra se realizó antes de que la legislatura apruebe el proyecto. “Es decir. se llamó a licitación pública y se adjudicó mientras la legislatura discutía si autorizaba o no la obra y su mecanismo de financiamiento” afirma el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

La ribereña eleva a 50 mil millones de dólares la obra pública adjudicada a IECSA en poco más de un año. Recordemos que fueron asignados $45.000 millones otorgados por decreto para la obra del soterramiento del Sarmiento y $2.500 millones en alianza con Schiaretti para los gasoductos.

(Por Laura Manfredi)

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