Buenos Aires SOS

Urbanización e intereses

Desde la asunción de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno, la acción del Ejecutivo porteño hacia la urbanización de villas de la Ciudad ha cambiado. El gobierno de PRO viene reforzando, desde 2007, un modelo de ciudad neoliberal en el que el espacio urbano es producido y consumido por la lógica del mercado. Con fuertes vinculaciones con las grandes empresas más desarrolladoras, ha utilizado las herramientas del Estado para garantizar ganancias extraordinarias en negocios inmobiliarios y no el derecho a la vivienda. Hoy, sin embargo, hay cinco proyectos de urbanización aprobados o en marcha: La villa 31-31bis, la Rodrigo Bueno, el asentamiento Lamadrid en La Boca, la Villa 20 y el Playón de Fraga en Chacarita. ¿Qué une a estos cinco planes? Todos esconden, en realidad, negocios inmobiliarios para los mismos de siempre.

Pese a tener un fuerte sesgo ideológico de derecha, el PRO es pragmático. En la política hacia las villas lo ha demostrado. No ha habido en los últimos años una homogeneidad de criterios o acciones en torno a la problemática sino que fue modificándose para ajustarse a cada coyuntura, la correlación de fuerzas con las organizaciones territoriales y la opinión pública. Pasó de impulsar la erradicación de los barrios de la ciudad a comienzos de su mandato, a anunciar las urbanizaciones con bombos y platillos recientemente. Con este giro, Larreta podría hasta conseguir distinguirse de Macri y lograr un perfil más social y visibilizarse. Una estrategia de doble alcance: política y electoral.

En la actualidad, a la búsqueda de “humanizar” su política de cara a la opinión pública, se le suma la necesidad de destrabar grandes negocios. Negocios como la “Dubai” argentina que IRSA quiere construir frente a la Rodrigo Bueno la Villa Olímpica lindera a la Villa 20, la revalorización de La Boca con el Distrito de la artes, la Autopista Ribereña, el Empalme Norte o la valorización del barrio de Retiro y Chacarita, que tienen un potencial de negocios muy importante, son algunos de los ejemplos por los que se eligieron estos barrios y no otros para comenzar. La atención hay que ponerla en cómo, con quién y para quiénes se llevarán adelante estos trabajos.

Acerca del cómo

La primera calle que Larreta inauguró en la villa 31 este año se inundó con la primera lluvia fuerte. Urbanizar no es maquillar y cortar cintas. Es realizar profundos desarrollos de infraestructura urbana que garanticen la provisión de todos los servicios necesarios, los mismos que existen en el resto de la ciudad.

Resulta preocupante el lugar protagónico que el PRO otorga a la entrega de títulos de propiedad a los vecinos de estos barrios. Entregar títulos de propiedad en las villas sin garantizar la integración del barrio a la Ciudad puede colocar a sus habitantes en una situación futura de desprotección frente al Estado o el mercado. La regularización dominial sin una profunda reforma urbana cumple con el objetivo liberal de incorporar tierras al mercado formal y no de garantizar derechos a los habitantes. Debería entonces ser la culminación y no el inicio de un proceso.

Acerca del con quién

Los procesos de urbanización, desde el principio hasta el final de su realización, deben garantizar la participación activa y democrática de los habitantes de cada barrio, para respetar las formas de vida de sus vecinos y garantizar su integración a la vida urbana. Los proyectos actuales, si bien se muestran con un fuerte sesgo humanitario similar a la promesa de “pobreza cero” de Cambiemos, corren riesgo de estar más influenciados por intereses económicos de empresarios inmobiliarios que por aquellos de quienes viven en los barrios.

Se desconocen, por ejemplo, sistemas de organización vecinales como las mesas por la urbanización que existen en diferentes villas, con el fin de pensar el proceso y el proyecto de la urbanización del barrio para luego dialogar y controlar la política gubernamental. El Gobierno porteño ha atado sus planes de urbanización a dos fuentes de financiamiento principales que podrían condicionar su desarrollo. Por un lado, a una deuda de U$S 170 millones con el Banco Mundial. Uno de los organismos que más ejerce presión sobre la necesidad de distribuir títulos de propiedad para “legalizar lo ilegal”, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras agencias internacionales. Por el otro, a lo que
se obtenga de la liquidación y privatización de tierra pública.

A fines de 2016, en la Legislatura porteña el gobierno local condicionó la sanción de los principales proyectos de urbanización a la aprobación de leyes que incluían la privatización de casi 100 hectáreas de tierra pública, con cuya venta pretende financiar parte de las obras destinadas a integrar los asentamientos informales al entramado urbano. Pero no son los organismos multilaterales de crédito ni los desarrolladores inmobiliarios quienes mejor representan los intereses de quienes viven en las villas.

Acerca del para qué

Existe una preocupante relación entre las urbanizaciones propuestas, la entrega de tierras públicas, el endeudamiento y el negocio inmobiliario. El modelo de ciudad empresaria que el PRO viene reforzando desde 2007 recibe con esto una lavada de cara, pero sigue teniendo la misma esencia. Ahora un poco más perversa, ya que condiciona un histórico reclamo de las organizaciones populares como es la integración de las villas a la Ciudad. El objetivo no debería ser incorporar tierras al mercado sino garantizar condiciones de vida digna a todos sus habitantes.

El mercado informal del suelo no es una falla en el modelo de urbanización vigente, sino la consecuencia misma de este modelo, que combina escasez y aumento del precio del suelo con exclusión y segregación de los sectores populares. Por ello es necesario urbanizar las villas pero más necesario aún es revertir un modelo de ciudad neoliberal en el que el Estado aborda el problema de la vivienda -y de otros derechos a los que se accede en el espacio urbano- con lógicas similares a las del mercado. Predomina una concepción de la vivienda como algo propio del ámbito privado, restringido e individual; como una simple mercancía considerada por su valor de cambio y no por su función social, sin contemplar las situaciones de vulnerabilidad que esto genera.

El rol de las organizaciones sociales será, entonces, disputar el sentido que quiere darle el Ejecutivo porteño a la urbanización y direccionar el proceso hacia uno que, verdaderamente, esté en sintonía con las necesidades reales de los vecinos.

(Por Melina Ons y Sonia Lombardo)