Buenos Aires SOS

(Por Francisco Uriona) En noviembre del año pasado la Legislatura aprobó la ley 6036 que amplía los parquímetros a toda la Capital. Un amparo presentado por una ONG lo mantuvo en pausa hasta mayo de este año, en que la justicia falló en favor del Gobierno de la Ciudad. Después de las elecciones, el gobierno buscará ir por la aplicación de la ley.

A través de una votación en la Legislatura, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta pretende que lo absurdo sea ley: que los porteños paguen por estacionar en la calle, como si se tratara de un servicio y no de un derecho. El gobierno alega que esta medida serviría para ordenar el tránsito en la ciudad, pero no presentaron ningún estudio que sustente esa afirmación. Lo que sí salta a la vista es que estamos ante la tentativa de montar un enorme negocio por el que se pretende que porteños paguemos dos veces. Esto sucede en primer lugar financiando la infraestructura para el negocio con los recursos del Estado de la ciudad: el gobierno provee las máquinas cobradoras, el cuerpo de agentes de tránsito (que ya se encuentran precarizados) y las playas de acarreo. El segundo cobro se completa a la hora de estacionar.

La política de parquímetros para todos no solo atenta contra el derecho a la libre circulación y privatiza de hecho el espacio público por medio de un arancel, sino que implica poner los recursos del Estado al servicio de un enorme negociado del gobierno con las empresas contratistas. La ley 6036 del 2018 prorroga las concesiones que llevan 18 años vencidas con empresas que pagan cánones irrisorios. Por otro lado, la ley establece que el gobierno ponga a disposición de las empresas once predios para su utilización como playas de acarreo. En el caso de la Comuna 15 se trata del predio ubicado frente a la estación Lacroze, sobre av. Guzmán, entre Corrientes y Jorge Newbery, donde actualmente hay un parque.

En resumen, asistimos al ridículo de que la fuerza política que hizo demagogia combatiendo a la «mafia» de los cuidacoches (obviando su entrelazamiento con la policía y el propio poder político para el que hace caja), se convierte ella misma en garante del mayor negociado de cuidacoches del país, a costa de los fondos públicos.

La escala tarifaria estipula un costo más elevado para las cuadras donde se supone que la demanda de lugares para estacionar es mayor, otro para las cuadras donde es más baja, y otras zonas donde el estacionamiento se mantendría gratuito. Para la primera categoría, al estacionar a menos de 200 mts del lugar del domicilio, la tarifa se reduce a la mitad, mientras que en el segundo caso, se estaciona gratis. En la comuna 15 Villa Crespo y parte de Chacarita quedarían en la categoría más costosa, mientras que Paternal, Villa Ortuzar y Parque Chas entrarían en la categoría intermedia. Como no se crean lugares nuevos para estacionar, el problema persiste con el agravante que cuando el vecino no encuentre lugar para estacionar cerca de su casa, va a tener que pagar.

Lejos de buscar resolver el problema de la falta de estacionamiento, lo que resulta de este esquema de cobros es que se encarece el costo de vida de la población en las cuadras donde se estipulan tarifas más altas. En un cuadro de devaluación, inflación y tarifazos brutales, de jubilaciones y salarios a la baja mientras se encarece el costo de vida, el gasto extra que implica este negociado tiene el objetivo de ejercer una presión que termina por expulsar a población trabajadora de las zonas donde el negocio inmobiliario encuentra que puede aumentarse el precio del metro cuadrado. Los que no puedan adaptarse deberán irse a los barrios más periféricos, dejando libre el terreno para la especulación inmobiliaria (por ejemplo, construcción de torres).

Queda en evidencia qué intereses sociales defiende el macrismo. Por un lado está al servicio de las empresas contratistas que parasitan al Estado. Por otro lado, defiende los intereses del capital inmobiliario al establecer políticas de gentrificación donde el negocio es viable. En ambos aspectos la oposición del PJ-kirchnerismo ha demostrado no representar una alternativa. En el caso de la renta inmobiliaria, aportaron los votos en la legislatura para aprobar la venta de tierras públicas más grande en la ciudad desde la vuelta de la democracia.