Buenos Aires SOS

Con el objetivo de seguir potenciando la zona sur de la Ciudad y dando respuesta a los reclamos de los vecinos, la Legislatura ratificó durante la anteúltima sesión ordinaria del año un convenio suscripto entre el Gobierno porteño y la Agencia de Administración de Bienes del Estado sobre el predio de la exCárcel de Caseros.

La medida prevé el traslado a ese predio del Ministerio de Economía y Finanzas porteño, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y el Archivo General de la Nación, donde trabajarán diariamente 4.700 empleados.

Es así que el Ejecutivo local va a construir dos nuevos edificios, uno para el Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad y otro donde van a funcionar las oficinas centrales de la AGIP. Mientras que el Gobierno Nacional está construyendo en el mismo terreno un nuevo edificio para que el Archivo General de la Nación se mude de su actual ubicación en el Congreso.

La remodelación mantendrá la fachada y el anillo externo del actual edificio por ser considerado patrimonio histórico de la Ciudad. Los trabajos también incluyen la generación de un nuevo espacio público en toda el área central y en el perímetro de los edificios de gobierno. Además, la iniciativa también contempla la apertura al tránsito de la calle Rondeau, que servirá como conexión entre el nuevo edificio y la futura sede del Archivo General de la Nación

Cabe recordar que el edifico actual de la exCárcel de Caseros comenzó a construirse en 1960 bajo la presidencia de Arturo Frondizi, y luego de ciertas reformas fue inaugurado en 1979 por el presidente de facto Jorge Rafael Videla. En el mismo terreno existe todavía el edificio original de la cárcel, concebido en 1870 como Casa de Corrección de Menores Varones, y de valor histórico aunque sin uso.

Luego de tres décadas de reclamos y quejas por parte de los vecinos de la zona, en el año 2000 se tomó la decisión de cerrar la cárcel y proceder a su demolición. En 2001, la Nación celebró un acuerdo con la Ciudad por el cual cedía esa manzana con el compromiso de que el Gobierno porteño se hiciera cargo de los gastos de demolición y de urbanización.