Buenos Aires SOS

La Legislatura porteña debatirá  este jueves  el nuevo Código Urbanístico y de Edificación.  Ambos proyectos son resistidos por los vecinos de la Ciudad, quienes aseguraron que las medidas serán votadas “sin que los ciudadanos hayan participado en su elaboración y sin considerar la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal y la Carta del Derecho a la Ciudad elaborada en múltiples talleres barriales”.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad  junto con 80 organizaciones vecinales difundió un comunicado en el que explican porque rechazan la iniciativa, y en el que le solicitan a los diputados no acompañarlas.

Las organizaciones consideraron que “son códigos que desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía para garantizar los intereses de los desarrolladores y especuladores inmobiliarios” y que “están netamente orientados a aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias e incrementar el precio del suelo y, consecuentemente, de las viviendas y de los alquileres, aumentando las inequidades producidas por el mercado inmobiliario”.

Advirtieron que “el tratamiento parlamentario dado a estos códigos es inconstitucional” ya que “la Legislatura y el Poder Ejecutivo no cumplieron con la convocatoria y realización de la audiencia pública obligatoria”. Sobre esa misma línea precisaron que “tampoco hubo participación real de los consejos consultivos comunales ni de los vecinos en las diversas reuniones convocadas por el GCBA y la Legislatura; estas tuvieron un mero carácter formal para dar apariencia de participación ciudadana, faltando al mandato constitucional de organizar la ciudad como una Democracia Participativa”.

Manifestaron que se felicitará “la destrucción de la ciudad, de sus distintas identidades barriales y de su diversidad cultural” y aseguraron que se “profundizará el colapso actual de los servicios públicos (agua, cloacas, luz, gas, salud, educación, transporte, etc.)”; a la vez que “aumentará la densidad demográfica de la ciudad sin brindar ninguna herramienta urbanística nueva para que la infraestructura de servicios públicos acompañe dicho crecimiento”.

“ Destruirán en forma progresiva y continua el patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, transformando nuestro derecho colectivo, consagrado constitucionalmente, en un recurso económico al servicio de la especulación inmobiliaria”, señalaron y sentenciaron que se “intensificará la expulsión de los habitantes de recursos bajos y medios de la ciudad, transformándola en una espacio sólo para ricos y para la explotación del suelo puramente con criterios rentísticos”.