Buenos Aires SOS

Los cambios buscan facilitar  las condiciones de producción del mercado inmobiliario

El gobierno de la Ciudad Buenos Aires trabaja en la modificación de dos cuerpos normativos que rigen el núcleo de la actividad económica más importante para el macrismo en la ciudad: el mercado inmobiliario. Se trata del Código de Edificación y el Código de Planeamiento Urbano (o “urbanístico” como se lo denomina para embellecer la reforma).

Por un lado el Código de Edificación define “cómo y con qué materiales se puede construir en la Ciudad, además de establecer estándares mínimos de calidad: habitabilidad, seguridad y tecnología de las construcciones”. Por el otro el Urbanístico rige sobre “todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo (…) y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad”.

El primero data de 1943 y, si bien cuenta con modificaciones parciales, fue pensado para otra ciudad, para otra sociedad. Este es un motivo esgrimido por el PRO para su modificación. No obstante, se trasluce que no es la causa principal por la cual se toma esta iniciativa, ya que el grueso de las modificaciones propuestas apuntan a facilitar más las condiciones de producción del mercado inmobiliario.

Los ejes principales de la propuesta oficial

Entre los argumentos más repetidos por los portavoces de la reforma, figuran varias iniciativas para hacer un “proceso administrativo ágil y transparente”. De esta manera se flexibilizan normas para que las empresas constructoras puedan avanzar más rápido. Es por ello que también plantean poner a disposición del Poder Ejecutivo un aspecto central: el “Reglamento técnico” será creado por ley pero su contenido podrá ser modificado por las autoridades a cargo, según sus propias visiones (e intereses). De esta manera pueden evadir el difícil trámite de los debates legislativos que, para estas ocasiones requieren encima de una “doble lectura” (y la aprobación con 40 votos, previa audiencia pública).

Luego, el planteo es la modernización del código para adaptarlo a las necesidades de la sociedad actual, donde aparecen muchas novedades. Por ejemplo la “inclusión de política de género” en torno a los sanitarios, algo realmente novedoso. El tópico de “movilidad sustentable”, que prevé espacios para bicicletas en los edificios. La incorporación de diferentes diseños sustentables (techos verdes, reutilización de aguas, ahorro de energía, etc). Sin embargo, cada uno de estos puntos pueden repercutir en un incremento de los gastos de las familias, como las expensas.

En cambio, el punto que más problemático se presenta es el de la modificación de los criterios de “habitabilidad”. En este aspecto, la propuesta oficial plantea la reducción de las “medidas mínimas” en un 10% según explican los funcionarios en las reuniones establecidas para difundir la reforma. Así, los monoambientes más pequeños que tenían un mínimo de 20 m2, pasarían a poder construirse en 18 m2.

Por lo tanto, mientras con el código urbanístico se busca ampliar la “capacidad constructiva” de cada parcela del suelo de la ciudad porteña (lo cual tendrá como principal efecto una suba en su precio y por lo tanto, a la larga, una mayor concentración), con el de edificación se buscará reducir las unidades, posibilitando mayores niveles de ganancia para las empresas del sector.

Frente a estas discusiones, más de 100 organizaciones han firmado una solicitada para rechazar estas modificaciones. “Estos Códigos desatienden los principales problemas de la Ciudad y sólo están orientados a garantizar el desarrollo del negocio de la construcción y del mercado inmobiliario sin tener en cuenta el colapso de los servicios públicos y el detrimento de la calidad de vida y ambiental de los porteños”, sostienen.

(Por Fernando González)