Imputaron a 43 padres por tomas en escuelas porteñas

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El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Rolero Santurian imputó a 43 de los padres de chicos que tomaron ocho escuelas el año pasado. Rolero Santurian argumentó que ellos “son responsables” por las conductas de sus hijos y si se confirma que cometieron una contravención, podrían llegar a pagar multas de hasta 10 mil pesos o de lo contrario, realizar “trabajos de utilidad pública”.

Según la imputación “los padres tenían conocimiento de la conducta que realizaban sus hijos y no hicieron nada para impedirlo cuando debían hacerlo”. Agregó que “ante la posible comisión de una contravención, los padres tienen el deber de actuar para que eso no se lleve adelante”. Los 43 padres comenzarán a ser llamados, a fines de este mes, para declarar en calidad de imputados. La causa fue abierta el año pasado, a partir de la denuncia presentada por la Procuración de la Ciudad.

“La situación tiene que ver con la responsabilidad de los padres ya que los chicos, que tienen menos de 18 años, escapan a la imputación contravencional”, explicó el fiscal, quien precisó que se trata de tomas ocurridas en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia; la Normal Superior N°1 Presidente Roque Saenz Peña; la Escuela Normal Superior N°6 Vicente López y Planes; el Mariano Moreno; la Técnica de Jardinería Cristóbal Hicken, y la Normal Superior N° 5 Martín Miguel de Güemes.

El fiscal reconoció que “es la primera vez que se hace una imputación penal contra padres por la conducta de sus hijos” y que se trata de una contravención por impedir el ingreso o salida de lugares públicos o privados. Consideró que “la pena, que abarcaría a los padres no es grave, puede ser una multa de hasta 10 mil pesos o trabajo de utilidad pública”. De todas maneras, la medida dispuesta “va más allá de la pena, tiene que ver con la discusión de la responsabilidad jurídica de los padres en estos casos, lo cual es muy importante para evitar futuras tomas”. El proceso podría durar seis meses y como dijo el fiscal, apunta a frenar las protestas estudiantiles.

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