Buenos Aires SOS

Buenos Aires Sos.- 25 de mayo 2010.- (Por Daniel Vilá/Entrevistas:Orlando Rigoli).- En 1910, Buenos Aires era la vidriera de una nación que basaba su prosperidad en las vacas y las mieses. En menos de 50 años había abandonado su condición de «gran aldea», con apenas 178.000 habitantes, para convertirse en «la París de América del Sur», donde vivía casi un millón y medio de personas. La mayoría de ellos provenía de una Europa en crisis y de las persecuciones políticas.

Por entonces, la Argentina era la tercera exportadora de trigo del mundo y el capital británico acumulaba jugosas ganancias provenientes de empresas inmobiliarias, bancos y frigoríficos, que eran reinvertidas en la red ferroviaria, tranvías y servicios urbanos. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Ezequiel Ramos Mejía, había esbozado la estrategia de la clase dominante: «Mucho hablamos de abrir nuevos mercados, sin notar acaso que más valdría asegurar los que ya tenemos, como el de Inglaterra, para quien deberíamos tratar de convertirnos mercantilmente en su mejor colonia».
Pero las bases de sustentación del modelo se erosionaban, el radicalismo ampliaba su influencia a las capas sociales más empobrecidas y los sectores medios reclamaban su lugar en la mesa. Así, los conservadores más lúcidos decidieron terminar con el fraude y legitimarse mediante elecciones libres. Confiaban en su poderoso aparato clientelar, pero nada salió como estaba previsto y, para horror de las familias patricias, la «chusma» radical se hizo cargo del gobierno. El historiador Gabriel Di Meglio señala que, a partir de entonces, los conservadores modificaron su estrategia: «Con la vigencia de la ley Sáenz Peña, los viejos caudillos advirtieron que nunca más podrían ganarle una elección al radicalismo y pasaron a apoyarse en dos factores de poder: el Ejército y la Iglesia Católica».
Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen y ante las dificultades derivadas de la Primera Guerra Mundial se impulsó una incipiente industrialización sustitutiva de importaciones, se rebajaron los alquileres urbanos y rurales, se creó YPF y la Reforma Universitaria arrasó con una casta profesoral clerical y reaccionaria e introdujo la autonomía y el gobierno tripartito. Empero, el carácter arbitral que el gobierno pretendió asumir ante los conflictos sociales se difuminó con la salvaje represión que ejerció en la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. La Revolución Rusa ya era un fantasma temible para la clase dominante.
Su sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear, miembro de una familia patricia que se sentía en París como en su propia casa, integró su gabinete con una pléyade de apellidos ilustres. La oligarquía suspiró aliviada. En seis años se sextuplicaron las inversiones estadounidenses y reinó una calma que presagiaba la tempestad. Y sucedió lo que la clase dominante no estaba dispuesta a soportar: un segundo período de Yrigoyen.
La conspiración se inició de inmediato y maduró cuando la crisis mundial de 1929 arrasó con la economía de los países emergentes. Los conservadores y los «galeritas» alvearistas operaban sobre los militares para apresurar el golpe de Estado. Di Meglio apunta: «La independencia se afrontó sin un ejército profesional, y ya conformado éste como tal, el pregonado ideal “sanmartiniano” cedió paso a la abierta intrusión en la política. El proceso culminó en 1930, con cuadros militares que admiraban abiertamente al fascismo».
Así se inició la llamada Década Infame, asentada sobre una alianza entre generales nacionalistas profascistas y liberal conservadores, que se tornaría recurrente. Los primeros hacían el trabajo sucio y luego eran desplazados por los segundos que aplicaban las políticas económicas diseñadas por sus mandantes. Sucedió en 1955, 1966 y, con algunas variantes, en 1976.
El ex ministro de Economía Aldo Ferrer aporta algunas señales económicas: «La década del 30 le puso fin a una Argentina cuyos ingresos provenían exclusivamente del agro. El país comenzó a aislarse y la respuesta de los gobiernos conservadores fue apuntar a una industrialización limitada para sustituir importaciones y fortalecer el mercado interno. Hubo intentos de fomentar la siderurgia, pero las exportaciones agrarias siguieron aportando el ingreso de divisas»
Todo anunciaba una nueva era de profundas innovaciones estructurales, a tal punto que, entre 1937 y 1944, la producción industrial se incrementó en un 77%, mientras las migraciones internas configuraron un nuevo mapa social. En este contexto, el levantamiento del 4 de junio de 1943 terminó con un régimen desgastado por la corrupción, el fraude y la entrega de los recursos naturales, para imponer una política represiva que pasó por diferentes momentos.
El 17 de octubre de 1945, una fecha que quedará inscripta como decisiva en la historia nacional, se consolidó el liderazgo del coronel Juan Perón, cara visible de un audaz proyecto industrialista basado en el mercado interno y erigido sobre cuatro pilares: el Ejército, la Iglesia Católica, una flamante burguesía nacional y sindicatos verticales integrados al Estado. A partir de entonces, el peronismo –un fenómeno que fue caracterizado como bonapartista, fascista, burgués reformista, entre otras mil maneras, por sus diversos exégetas– se constituyó en el eje de la vida nacional. La victoria electoral de 1946 sobre la coalición opositora Unión Democrática, apoyada explícitamente por el embajador norteamericano Spruille Braden, fue la partida de defunción de la Argentina «granero del mundo».
La expansión de la industria liviana determinó la ampliación del mercado interno con la incorporación de mano de obra procedente del interior del país. Altos salarios, leyes sociales que protegieron los derechos de los trabajadores, control de precios, la nacionalización de los servicios públicos y del comercio exterior, fueron algunas de las medidas implementadas.
Perón creía fervientemente en los equilibrios sociales y en el rol decisivo del conductor. Sin embargo, los nueve años que duró su gobierno fueron tempestuosos. La oligarquía desplazada y un amplio segmento de los sectores medios combatieron ferozmente sus políticas a las que definían como demagógicas y tiránicas.
El país se dividió entre los «contreras», a quienes la carismática Eva Perón les endilgaba el mote de «vendepatrias» y los despectivamente bautizados «cabecitas negras», migrantes internos devenidos obreros, que habían abandonado las alpargatas para calzar zapatos de cuero, recorrían impecablemente vestidos el centro porteño y se paseaban por la rambla marplatense.
La muerte de Evita, el plan de austeridad que implicó un giro de 180 grados en la política económica y el conflicto con la Iglesia que tuvo un considerable peso en las disidencias que comenzaron a surgir en el Ejército, amalgamaron a las fuerzas opositoras. Se asistió así al inédito espectáculo del bombardeo criminal en la Plaza de Mayo y de procesiones encabezadas por representantes del clero más reaccionario y el nacionalismo oligárquico, de las que participaban ateos, liberales y socialistas, unidos por el odio al peronismo.
El golpe de Estado del 16 de setiembre de 1955 restauró el orden conservador y los planes económicos ortodoxos, y los respaldó con una dura represión y la proscripción del peronismo. Una muestra clara de la ideología dominante es el decreto 4.161, que prohibía las «imágenes, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que tuvieran tal carácter o pudieran ser tomadas como tales», lo cual incluía las fotografías del líder y su esposa, las marchas partidarias y hasta la mención de sus nombres. La llamada Revolución Libertadora fusiló a militares y civiles que participaron de una frustrada rebelión e institucionalizó la exclusión de la mayoría del electorado. Con esas reglas de juego fue elegido presidente Arturo Frondizi, candidato de una de las fracciones en las que se había dividido el radicalismo, quien pactó con Perón el apoyo a su nominación.
Frondizi ignoró el programa que le había dado la victoria y ensayó una política de desarrollo dependiente, con fuerte participación de capitales extranjeros que se proponía el autoabastecimiento petrolero y la creación de una industria pesada. En 1959 los precios aumentaron el 130%, la Resistencia Peronista crecía en las fábricas y en los barrios, y el frondicismo recurrió a la militarización para contener la radicalización –potenciada por el triunfo de la Revolución Cubana– que derivó en los programas obreros de La Falda y Huerta Grande.
Los militares resolvieron deshacerse de Frondizi y expulsarlo de la Casa Rosada. Azules y colorados, los dos bandos en que estaban escindidos, fueron desplazándose mutuamente del poder, gobernaron algún tiempo tras la fachada de un presidente títere y convocaron a elecciones de las que emergió victorioso el radicalismo, gracias a la proscripción peronista. Se pusieron en marcha políticas keynesianas y se instauró el salario mínimo, vital y móvil, pero la anulación de los contratos petroleros y la ley de Medicamentos irritó a los monopolios y precipitó el derrocamiento de Arturo Illia.
Quienes lo perpetraron, en nombre de una supuesta Revolución Argentina, impusieron la Doctrina de la Seguridad Nacional que planteaba la intervención militar en los conflictos internos para enfrentar al «enemigo comunista». Juan Carlos Onganía, un general de modales aristocráticos ligado con el Opus Dei, entre otras cosas, prohibió la actuación de los partidos políticos e intervino la universidad, en tanto el ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena, mandatario de los organismos financieros internacionales, instauró la apertura comercial que destruyó la industria y las economías regionales.
El peso se devaluó un 40%, se congelaron los salarios, surgió la CGT de los Argentinos como reacción al colaboracionismo de la dirigencia sindical tradicional, estallaron las puebladas –Cordobazo, Rosariazo, Viborazo– y Agustín Tosco se constituyó en el referente ético del gremialismo combativo, mientras el clasismo se hizo fuerte en las fábricas automotrices cordobesas y comenzaron a operar las organizaciones armadas peronistas y marxistas.
Parecía inexorable el derrumbe del régimen cuando el general liberal Alejandro Agustín Lanusse resolvió asumir personalmente la responsabilidad de impulsar un proyecto político, el Gran Acuerdo Nacional, centrado en negociar con Perón la designación de un candidato consensuado capaz de hacer frente a la difícil encrucijada planteada por la movilización popular.
El anciano general jugó su propio juego y terminó por desbaratar las maniobras para condicionarlo, apoyándose tácticamente en la guerrilla peronista de Montoneros y las FAR. La masacre de Trelew fue un punto de inflexión y bajo la consigna «Luche y vuelve», la Tendencia Revolucionaria del peronismo forzó el regreso del líder y la convocatoria a elecciones, en las que Perón fue proscripto como candidato. Héctor Cámpora obtuvo una contundente victoria e inauguró una fugaz primavera política que finalizó con un golpe de mano de la derecha peronista. Tras la forzada renuncia de Cámpora y el breve interregno de Raúl Lastiri, yerno del siniestro José López Rega, Perón asumió su tercera presidencia.

Tiempos violentos

En esa etapa, la política económica conducida por José Ber Gelbard, se asentó en el pacto social, el congelamiento de precios, la recuperación del salario, el intervencionismo estatal y la integración latinoamericana, pero el alineamiento de Perón con el sector ortodoxo de su movimiento que se profundizó a partir de la masacre de Ezeiza engendró la ruptura con los jóvenes partidarios de la «patria socialista» que dio lugar a una espiral de violencia. Las Tres A, un aparato paramilitar conducido por López Rega y armado y prohijado por las Fuerzas Armadas, que provocó miles de asesinatos, ya había comenzado a operar.
A la muerte del líder, la derecha peronista alineada tras Isabel Perón monopolizó los resortes del poder. Gelbard se vio obligado a renunciar y se intentó conjurar la crisis económica mediante una política de shock que incluía una megadevaluación, la liberación de precios y el tarifazo. Una imponente movilización y la conformación de coordinadoras interfabriles fue la respuesta popular al gobierno de Isabel que, herido de muerte, encomendó a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de «la subversión». Pero su debilidad le impidió evitar el golpe de Estado que ejecutó el genocidio más brutal de la historia nacional.
Esta vez no hubo medias tintas. José Alfredo Martínez de Hoz se hizo cargo de la cartera económica para ejecutar integralmente el programa de la clase dominante: restablecimiento de la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, reprimarización, apertura comercial. Al terminar 1976, los precios habían aumentado un 400% y los salarios un 150%. Ferrer es terminante al respecto: «Si ese plan continuaba, hubiesen sobrado la mitad de la población y la mitad del territorio nacional».
De aquel nefasto período, el filósofo León Rozitchner, reivindica el coraje cívico de los organismos de derechos humanos, el emergente más importante de esta etapa y reflexiona: «No pensábamos que las Fuerzas Armadas argentinas podían triunfar, porque eran, desde el comienzo mismo unas fuerzas vencidas antes de ir a la guerra de las Malvinas. Porque el ejército vencido es aquel que destruye la fuerza y vitalidad de su propio país, entrega su riqueza al enemigo y ataca a su propia población».
Tras la caída de la dictadura, Raúl Alfonsín recurrió al preámbulo de la Constitución para convocar a una nueva mística democrática. El radicalismo, que se había impuesto contra todos los pronósticos, juzgó a los comandantes en jefe de las tres armas, pero también dictó las leyes de obediencia debida y punto final. A medida que los levantamientos de los «carapintada» y las presiones de los sectores económicos más concentrados acorralaron al débil alfonsinismo, la situación fue haciéndose insostenible, lo cual lo obligó a entregar el gobierno anticipadamente.

Antesala de la crisis

Los 90 trajeron consigo el derrumbe de los países socialistas, el auge del neoliberalismo, el discurso único y la globalización, manifestación concreta de un sistema mundial capitalista en una etapa de alto dinamismo y cambio tecnológico.
El menemismo encarnó en la Argentina las políticas dictadas por el Consenso de Washington: desgravación parcial del capital y ampliación de la base imponible, apertura de inversiones extranjeras directas y privatizaciones, acompañadas por una corrupción consustancial al modelo. El desempleo, que era del 6,3% en 1990, ascendió a 13,8% en 1999. Los movimientos de desocupados se constituyeron en nuevos actores sociales.
En 1991 se fundó la Central de Trabajadores Argentinos, uno de los principales actores de la lucha contra el neoliberalismo en el país, y en 1994, por primera vez en la historia argentina, el oficialismo y el primer partido de la oposición formalizaron un pacto para reformar la Constitución, con el no declarado fin de permitir la reelección presidencial y consolidar el bipartidismo.
Menem se desgastó y perdió, pero la gestión de De la Rúa mantuvo incólumes los pilares del neoliberalismo sostenido con represión. La «convertibilidad», una entelequia que subyugó a la sociedad durante casi diez años, estalló por los aires en diciembre de 2001. El «que se vayan todos» de las multitudes multiplicado en los barrios no fue una simplificación nihilista negadora de la política, sino un reclamo de nuevas formas de representación; la vitalidad de los movimientos sociales nacidos de la pueblada demuestra que fue necesario.
Muchos cambios se han sucedido desde aquella república elitista y excluyente del Centenario hasta este país en construcción donde, como afirma Rozitchner, «nuevas fuerzas políticas deben plantear los temas que preocupan a los sectores más vulnerables, porque sólo de esa manera y con ese discurso se los puede conmover y movilizar». El sufragio universal, secreto y obligatorio, las leyes sociales, el voto femenino, el juicio y castigo a los represores, fueron hitos fundamentales que señalaron el camino hacia una sociedad más justa y solidaria.
En esa larga marcha, otras ideas fueron adquiriendo un nuevo sesgo conforme cambiaron las circunstancias. «Una de las que se forjó en mayo fue el ingreso al sistema de libre cambio –apunta el economista Alfredo García–. Entonces resultaba revolucionaria, aunque luego llevó a la dependencia con Inglaterra. Hoy es impulsado por los países centrales, que no lo aplican en sus propias economías sino para perjudicar a los países periféricos. Desde otra perspectiva, el Bicentenario nos encuentra en similar situación que en el Centenario y que en 1810, porque en todos esos momentos hubo una fuerte dependencia de las exportaciones agropecuarias, vinculándose la marcha de la economía con el clima y los cambiantes precios internacionales de las materias primas. El avance industrial no puede negarse, pero de los países que celebran la emancipación de España, ninguno puede considerarse industrializado. Ese es uno de los desafíos a futuro».
Por su parte, Horacio López, director adjunto del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, aporta una visión optimista del actual proceso continental: «Los cambios profundos producidos en varios países del subcontinente y la consolidación de democracias soberanas en otros, no sólo permiten un renacer de las identidades adormecidas sino también abrir paso a otra historia y otra cultura. La integración que se plantea asume formas concretas en la economía, la educación, lo institucional y necesariamente debe avanzar en lo cultural».
Se avanzó, se sigue avanzando, pero todavía falta demasiado para saldar tantas cuentas pendientes.

Una fiesta para pocos

Ostentación y grandilocuencia, fueron las características salientes de los fastos del Centenario de la Revolución de Mayo en la ciudad que se jactaba de ser la Reina del Plata. Las estatuas invadieron la ciudad y se colocaron decenas de piedras fundamentales de futuros monumentos, algunos de ellos –como el de los españoles- donados por las colectividades de extranjeros residentes en la Argentina. Todo lo que no se movía se revestía de mármol y una fiebre modernizadora se apoderó de Buenos Aires.
La Avenida de Mayo fue cubierta de asfalto natural, lo que por entonces resultaba toda una innovación; el teatro Colón –recién inaugurado– se erguía majestuoso suscitando la admiración de los visitantes extranjeros, y las obras de arte adquiridas por el primer director del Museo de Bellas Artes, Eduardo Schiaffino, se exhibían por primera vez en el pabellón de Bellas Artes de la Exposición Internacional del Centenario, que tenía distintas sedes ubicadas en la zona norte de la ciudad.
El de Agricultura se instaló en el predio que hoy ocupa la Sociedad Rural Argentina; el de Industria, en el Parque Tres de Febrero y el de Transportes y Ferrocarriles, en el Regimiento 1. Allí, pudieron admirarse los últimos modelos de automóviles, entre ellos los Isotta Francini italianos, los Mercedes Benz alemanes y los Peugeot franceses
Para la inauguración de la exposición se realizó un desfile militar al que asistieron diplomáticos de 50 países y destacados visitantes, entre ellos, la infanta española Isabel de Borbón, quien –según la prensa de la época– «reinó en el Plata con su riquísimo traje de seda gris recamado en oro, con enormes perlas en cinco largas hileras y una diadema de soberbios brillantes».
Las celebraciones, que apuntaban a legitimar el dominio de una clase dirigente liberal conservadora enriquecida con la agroexportación, incluyeron deportaciones masivas de trabajadores extranjeros –fruto de la ley de Residencia 4.144 que decretaba la expulsión de quienes difundieran ideas disolventes como el anarquismo o el socialismo–, 2.000 presos políticos y sociales y la declaración del estado de sitio.
El diputado Manuel Carlés, fundador de la Liga Patriótica, se quejaba así de la agitación social: «El cuadro que presenta en este momento la República tendría todos los colores patrióticos, si no fuera que un punto sombrío, marcado por la parte tenebrosa de habitantes de la República, viniera a mortificar el recuerdo de honor y gratitud que los hombres sanos y honestos hoy festejan».
Mientras los publicistas del régimen se ufanaban de sus logros –el país era el mayor exportador de carne vacuna congelada y la extensión de las vías férreas alcanzaba 27.000 kilómetros–, la mitad de la población infantil no sabía leer ni escribir, un tercio de la fuerza laboral estaba constituido por niños, la mitad de las familias proletarias se hacinaba en una pieza y el 38% gozaba del privilegio de amontonarse en dos.
En tanto, los «niños bien», hijos de la oligarquía, saqueaban locales sindicales, imprentas y hasta el circo del payaso estadounidense Frank Brown, en nombre de los valores patrios y la supuesta identidad nacional.(Fuente:www.acciondigital.com.ar)