Buenos Aires SOS

En Senado ya había dado media sanción a un proyecto de ley que tendía a la protección de quienes alquilan, pero ahora el PRO lo cambió en la Cámara de Diputados. “Buscan proteger la rentabilidad de los propietarios y facilitar los desalojos”, denunció Inquilinos Agrupados.

L a Comisión de Legislación General de la Cámara Baja cambió el proyecto de Ley de Alquileres que tenía media sanción de Senado. La nueva propuesta que tuvo dictamen de mayoría, y que de ser aprobada volverá a la Cámara Alta, mantiene en dos años los contratos de locación –en lugar de tres años como establecía el texto del Senado– y establece que los precios se ajustarán por inflación o Unidades de Valor Adquisitivo (es confuso el texto presentado) en lugar de un índice ponderado entre la inflación del Indec y el aumento de los salarios. Como novedad, el proyecto introduce la figura de “alquiler social” y, al igual que la ley aprobada, limita a un mes de alquiler el monto que pueden cobrar las inmobiliarias. El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, dijo que “es nuestro proyecto dado vuelta para proteger la rentabilidad de los propietarios”, y advirtió que “la ley también busca que se facilite desalojar porque saben que viene una ola de desalojos, a la gente cada vez le cuesta más pagar el alquiler”.

El proyecto de ley amplía los instrumentos de garantía que puede presentar un inquilino: garantía real, aval bancario, seguro de caución, recibo de sueldo (en caso de más de un locatario podrán sumarse los ingresos). Sin embargo, la redacción de la norma vuelve a ser confusa: primero afirma que el propietario “deberá aceptar” cualquiera de esos instrumentos, para después sostener que “tiene que ser satisfactoria a criterio del locador”.

Por otra parte, suma la figura de alquiler social y establece que “el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat deberá crear un programa destinado a apoyar a los inquilinos” que tengan problemas para “cumplir con los requisitos de la garantía, el depósito e incluso con el pago del alquiler siempre que el destino sean viviendas sociales”.