Denuncian penalmente a la ministra de Educación porteña

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La «Ley de Vidrios Seguros» en las escuelas, sancionada tras la muerte de una nieta del ex presidente Raúl Alfonsín, dio plazo al Gobierno porteño hasta 2012 para adecuar los cristales de puertas y ventanas de los establecimientos educativos porteños.

La Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, a través de su presidente, el Dr. José Lucas Magioncalda, presentó este lunes una denuncia penal contra la ministra de Educación e Innovación de la Ciudad, María Soledad Acuña, por los delitos de desobediencia y de incumplimiento de deberes de funcionario público por no hacer cumplir la Ley 2.448 de «vidrios seguros» en el ámbito de los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Dicha norma fue sancionada por la Legislatura porteña hace 12 años a partir del accidente fatal del que fuera víctima la nieta del ex presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín.

En la presentación, el Dr. Magioncalda sostuvo que “lejos de proceder con un plan integral para el recambio de vidrios inadecuados, en un plazo razonable, la Sra. Ministra implementó –según lo ha admitido el propio GCBA en un amparo- un sistema de mantenimiento que abarca a 590 escuelas (denominado MOMA: Mantenimiento de Obra menor ampliada) que tiene previsto entre sus rutinas diarias la reposición inmediata de todo vidrio roto o en mal estado, por vidrios ajustados a la normativa vigente”. Y agregó: “Contrariamente al objetivo preventivo de la ley, que fijó un plazo para el recambio de todos los vidrios de los establecimientos escolares, vencido a fines de 2012, el GCBA se dedica a esperar que los accidentes ocurran. Espera que los vidrios se rompan o se encuentren en mal estado, poniendo en riesgo a los niños que asisten a las escuelas”.

La Ley 2.448 estableció en 2007 un plazo de cinco años para adecuar la totalidad de las escuelas, dotándolas de vidrios que no se astillan al romperse, similares a los que poseen los automóviles.

La norma fue votada, en aquel entonces, por quienes eran oposición y actualmente gobiernan la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires jamás cumplió con la norma, ni antes ni después del plazo legal que vencía a fines de 2012.

Por esta razón, a fines de 2015, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional inició un amparo colectivo, tendiente a obligar al Gobierno porteño a cumplir con la normativa.

La denuncia de la ONG fue presentada este lunes en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, donde serán sorteados el Juez y el Fiscal intervinientes.

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